on la publicación de la Constitución de la Ciudad de México concluyó una parte del proceso de legislación sobre la vida pública de quienes en ella habitamos, aunque no su totalidad; se prolongará con la adecuación de todo el marco jurídico, lo que al menos llevará cuatro años más. No obstante, se impone un balance provisional de esta etapa, que será definitivo sólo con la terminación de todo el proceso legislativo. La primera constitución del siglo XXI se distingue de las del XIX e inicios del XX por diversas razones. La primera, porque se trata de un ámbito subnacional y la segunda porque su caso no es igual al de las constituciones latinoamericanas de finales del siglo pasado, que ciertamente no fueron producto de revoluciones, como las del inicio de esa centuria, pero sí resultado de profundos cambios en la correlación de fuerzas entre los distintos grupos sociales. La Constitución de la CDMX fue tal vez sólo la culminación de un proceso en una entidad cuya ciudadanía optó por tener de manera continuada gobiernos de izquierda que, al innovar en ella, abrieron brecha en el país. A ello respondió el interés de la Federación por evitar que la urbe, dejada al libre juego de sus fuerzas locales, hubiera creado una constitución de aún más avanzada. Si la ciudadanía hubiera podido elegir a toda la Asamblea Constituyente, los dos partidos de izquierda habrían tenido 68 diputados, los cuales, por sí solos, si hubieran votado juntos, habrían alcanzado la mayoría de dos tercios que se requería para la aprobación de cada uno de los artículos constitucionales.

El afán interventor de la Federación para alterar el equilibrio político local, la falta de acuerdos entre los partidos de izquierda y la presión social de los grupos conservadores –de la que se hicieron eco en forma desproporcionada algunos medios de comunicación, e intelectuales resentidos por no haber sido hechos partícipes de este proceso–, aunados a las presiones de tiempo, ocasionaron ciertamente que se establecieran limitaciones e incluso contradicciones en el texto, aunque no lo suficientemente fuertes como para frenar el impulso innovador en la ciudad. Los avances alcanzados tampoco fueron únicamente resultado de los partidos de izquierda, sino también de una ciudadanía organizada que, aunque con limitaciones, contribuyó al proceso, aportando su dedicación para elaborar un proyecto que, de conformidad con lo establecido en la reforma a la Constitución del país, presentó el jefe de Gobierno; este proceso, sin embargo, no se construyó sólo en el ámbito de su gobierno, sino sobre todo en el de ciudadanos independientes, que a su vez fueron el canal de expresión de diversas organizaciones de la sociedad civil, que también aportaron sus conocimientos y experiencia. Igualmente, sectores de la ciudadanía participaron en un cabildeo que aportó argumentos, no favores, como hacían los cabilderos de los grupos de poder económico, a los miembros de la Asamblea Constituyente. Con todo lo anterior, se lograron avances en algunos casos, y en otros por lo menos se evitaron retrocesos, como el que se pretendía hacer con la exclusión de la sociedad civil y de las universidades del Sistema de Derechos Humanos.

Que se haya ido más allá de la lógica partidaria, dio lugar a innovaciones en la relación entre gobierno y sociedad, como la existencia del Instituto de Planeación, organismo integrado por gobierno y ciudadanos, que tendrá a su cargo la construcción del Plan General de Desarrollo de la Ciudad, con vigencia de 20 años. Entre otras cosas, este plan pretende sustraer las orientaciones del desarrollo del predominio de una sola fuerza política, o de los vaivenes inherentes a la normal y democrática alternancia de los partidos en el gobierno. Por el contrario, obligaría a la continuidad de las líneas generales del desarrollo, a las que tendrían que sujetarse los programas de gobierno. Como limitación de este instrumento es que no será autónomo, sino un organismo público descentralizado, aunque con ello no se inhibe su tarea, pero sí se le limita. En el Poder Judicial podemos ver también avances. Se evitará la reproducción del predominio de sus jerarcas máximos al designar o intervenir en la designación de jueces y magistrados, formando una cadena de dependencia y fidelidades. Ahora será un Consejo Judicial Ciudadano el que designará a los miembros del Consejo de la Judicatura, que será el encargado de nombrar a los jueces y proponer a los magistrados al Congreso local. Sin embargo, como limitación tenemos como excepción en el nuevo diseño del poder judicial al Tribunal de Justicia Administrativa, al cual se sustrajo de estos controles. Curiosamente es a éste al que corresponde decidir sobre las controversias que interponen ciudadanos frente a decisiones del gobierno que los afectan.

Basten estos dos ejemplos para afirmar que en el futuro de la ciudad no desaparecerán ni las pugnas entre la izquierda ni las presiones de la Federación ni las posiciones conservadoras. En medio de todas ellas tendrá que continuar la línea progresista que aún mantiene la mayoría de sus habitantes. La posibilidad de la sociedad de decidir el destino de su vida pública será mayor o menor, dependiendo de su capacidad de organización y de la elaboración de sus argumentos. La política es tan importante para la vida cotidiana de la ciudadanía, que no se puede dejar sólo en manos de los partidos y de los grupos de poder económico. Se ha podido, pese a todo, dar un paso adelante. Faltan muchos otros para avanzar de nuevo; hace falta dialogar y analizar mucho, abordar de frente las diferencias. Pero, sobre todo, falta organizarse más, para poder participar con mayor eficacia.