n lo que ha sido considerado por la opinión pública local como una vuelta de tuerca adicional en los afanes de trasladar las funciones públicas a manos privadas, el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, envió una iniciativa de ley al Congreso del estado que, de ser aprobada, permitirá instalar casetas de acceso a las colonias de ese municipio, con la justificación de mejorar las condiciones de seguridad.
De acuerdo con sectores críticos, la medida implicaría una nueva enajenación del espacio público, contraria al principio constitucional que garantiza el libre tránsito. La pretensión del alcalde panista es, sin embargo, consistente con otras polémicas decisiones adoptadas por el ayuntamiento queretano durante su gestión, periodo en el cual se han concesionado a empresas privadas cinco servicios públicos, entre ellos el de recolección de basura e instalación de luminarias del alumbrado público, así como los de parquímetros y renta de bicicletas.
Además de resultar contrario a las nociones más elementales del pacto social, dicho rumbo es indefendible si se toma en cuenta que es precisamente el retiro del Estado de varias de sus potestades básicas lo que ha dado pie a fenómenos como la delincuencia: a fin de cuentas, la renuencia de las recientes administraciones a que el aparato estatal funja de promotor central de la actividad económica, la propensión a asfixiar presupuestalmente los ciclos de educación pública y la tendencia a concesionar a manos privadas la seguridad en espacios que debieran ser estratégicos –basta con dar una vuelta en los principales aeropuertos internacionales del país– son factores que sirven de caldo de cultivo para la ilegalidad. Profundizar esa tendencia no parece, en consecuencia, una solución para tales problemáticas.
Por otra parte, es inevitable ponderar el impacto de decisiones gubernamentales como las comentadas en la cultura cívica, sobre todo cuando son adoptadas por el orden de gobierno que debiera ser más cercano a la población: el municipal. Las diversas manifestaciones de privatización ciudadana del espacio público –baste mencionar de ejemplo las distintas prácticas de que muchas personas echan mano para buscar apropiarse de una porción ínfima de banqueta– son explicables en buena medida por la falta de certidumbre jurídica de un gobierno empeñado por sustituir el orden público por la propiedad privada, mucho más proclive a la ley de la selva.
En esa perspectiva, resulta lógico y hasta inevitable el salto de las sociedades hacia las situaciones de ilegalidad y violación del estado de derecho. Y es que un Estado cuyas autoridades porfían en el argumento de que todo lo público es ineficiente e insuficiente para proveer los satisfactores que necesita la población, termina por volverse, a ojos de ésta, innecesario.
