El PRI en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal y al de Guanajuato que indaguen los contratos por 4 mil millones de pesos otorgados a dos empresas para el suministro de insulina al Seguro Popular, producto que fue comprada en China y presuntamente no sirve.

Se trata, dijo la diputada Bárbara Botello (PRI), de las empresas Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos, a las cuales se les adjudicó el servicio sin licitación.

La solicitud, que se turnó a comisiones, incluye la demanda de que renuncien los secretarios estatales de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, y de Finanzas, Ignacio Martín Solís.

En el congreso de Guanajuato, a petición del presidente de la junta de gobierno, Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), se aprobó la comparecencia de ambos funcionarios.

Ortiz Aldana y Martín Solís, dijo, deberán explicar si la insulina que se suministra a la población con diabetes cumple con la calidad, seguridad y eficacia, además de la legalidad en el proceso de adquisición y distribución.

Buscamos conocer la verdad, queremos que la población tenga la total certeza de que la insulina que se suministra a la población sea de la mejor calidad, indicó.

Bárbara Botello planteó que la cámara exhorte a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato para que indaguen la probable comisión de irregularidades en el suministro de insulina Bonglixan inservible de origen chino, a pacientes con diabetes en esa entidad.

También consideró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe revisar los procesos de adjudicación directa del gobierno del panista Miguel Márquez Márquez a las empresas farmacéuticas citadas, que suministraron la insulina durante medio año a pesar de que habían sido descalificadas en el proceso de licitación al no cumplir los requisitos. Aún así, indicó, la Secretaría de Finanzas les entregó los contratos.