ué bueno que el problema de la deuda pública quedó resuelto desde 1990 (de acuerdo con la versión oficial en el sexenio salinista, avalada por las administraciones subsiguientes), porque a partir de entonces se quitó un gran peso a las finanzas públicas y su monto se hizo administrable.

Y qué bueno que fue así (versión oficial, insisto), porque a estas alturas ya representa 50 por ciento del producto interno bruto, cada año consume más y más recursos públicos para cubrir (poco) capital y (muchísimos intereses), y tales erogaciones representan una porción creciente del presupuesto anual de egresos de la federación.

De hecho, como documenta La Jornada, la creciente deuda en que ha incurrido el sector público provocó que el año pasado el costo de pagar intereses consumiera recursos que superan los canalizados por el Estado para la Secretaría de Educación Pública y prácticamente cuadruplican el presupuesto de la Secretaría de Salud, revelaron documentos oficiales.

A la par, mientras la partida presupuestal destinada a cubrir los intereses de la deuda pública, tanto la contratada dentro como fuera del país, fue en aumento, la inversión que realiza el sector público, recursos que a la larga se traducen en crecimiento económico (y bienestar para los mexicanos), fueron a la baja en 2016 respecto de los gastados en 2015 (una caída de 12.6 por ciento), según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Roberto González Amador). Y eso se dio con todo y que Enrique Peña Nieto y el presidente Luis Videgaray se comprometieron a no endeudar más al país.

La referida información de La Jornada detalla que “del total del costo financiero, 452 mil 478.3 millones de pesos fueron destinados particularmente al pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda a cargo del gobierno federal, las empresas petrolera y eléctrica y la banca de desarrollo; otros 20 mil 555.3 millones de pesos correspondieron al costo que sigue generando para los contribuyentes mexicanos el rescate bancario que emprendió el gobierno después de la crisis de 1995. En el primer caso, la partida tuvo un crecimiento anual de 10.8 por ciento y, en el caso del costo del rescate bancario, el incremento fue de 82.6 por ciento, también respecto al cierre del ejercicio previo, de acuerdo con los datos de la SHCP.

Los 473 mil 33.6 millones de pesos destinados el año pasado a cubrir el costo financiero del sector público superaron el presupuesto que recibió, en el mismo ejercicio, la Secretaría de Educación Pública, que fue de 316 mil 922.9 millones de pesos. También para efectos comparativos, prácticamente multiplicó por cuatro el canalizado a la Secretaría de Salud, de 121 mil 843 millones de pesos, indican los datos de Hacienda. El dinero público destinado al pago de los intereses de la deuda fue en aumento, mientras los recursos destinados a la inversión por parte del Estado, lo que a la larga se traduce en crecimiento económico, se contrajeron en 12.6 por ciento.

De ese tamaño es el problema resuelto, y como en días pasados se documentó en este espacio, en 2016 el saldo del débito público se incrementó un billón 533 mil millones de pesos (cerca de 20 por ciento con respecto al cierre de 2015), el mayor aumento en lo que va del actual sexenio. El año pasado de las arcas nacionales salieron alrededor de 500 mil millones de pesos para el pago de intereses (95 por ciento del total), comisiones y gastos. De cualquier suerte, el saldo del débito público creció más de 1.5 billones.

La política de endeudamiento del gobierno peñanietista ha sido la más agresiva de los seis sexenios neoliberales (la medalla de plata se la lleva el calderonato) y sólo ha servido para contratar más y más débito y así poder pagar intereses y más intereses.

Lamentablemente el asunto no concluye allí. De acuerdo con un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, en 2017 la fiesta deudora adquiere proporciones escalofriantes.

En su parte medular tal informe advierte que para 2017 se espera que las amortizaciones de la deuda (pública) alcancen un billón 200 mil 774 millones de pesos (cuatro veces el presupuesto de la SEP), de los cuales 552 mil 506 millones se amortizarían en el primer trimestre del año. Tal monto equivale a una cuarta parte del presupuesto de egresos de la federación para el citado año y significará una erogación aún mayor a la destinada a cubrir el total de la nómina burocrática en igual periodo, que ascenderá a 1.1 billones de pesos.

De enero a marzo de 2017 el gobierno federal debe pagar 552 mil 506 millones de pesos por el concepto referido, de tal suerte que toma forma real el por qué del megagasolinazo y la urgencia gubernamental de adelantar lo que llama liberación del precio de los combustibles. Pero la urgencia de recursos no termina allí, pues entre abril y junio deberá pagar, en números cerrados, 305 mil millones de pesos adicionales por el concepto referido; en julio-septiembre 61 mil millones más, y en octubre-diciembre casi 283 mil millones, todo ello, desde luego, sin considerar el nuevo endeudamiento en 2017 y los intereses que genere.

Entonces, como se constata, resuelto, lo que se llama resuelto, ni en sueños.

Lo que no es sueño, sino pesadilla es el efecto inflacionario del megagasolinazo de enero (por cierto, en una semana más vendrá el siguiente golpe). Ayer el Banco de México informó que en el primer mes de 2017 el índice nacional de precios al consumidor se incrementó 1.7 por ciento, una proporción no registrada en los últimos 18 años. Y el índice de la canasta básica creció 4.43 por ciento en el mismo periodo, con lo que la tasa anual de este indicador se elevó a 7.26 por ciento, siete veces más que en el mismo periodo de 2016.

Lo mejor del caso es que cuando la Secretaría de Hacienda anunció el megagasolinazo sus genios juraron que tal acción no tendrá un impacto inflacionario en la economía mexicana. Sí, claro.

Las rebanadas del pastel

Todo indica que una empresa mexicana (Higa es candidata idónea) construiría el muro de Trump. Ello, porque en su campaña electoral calculó en 8 mil millones de dólares el costo de esa obra; ya como inquilino de la Casa Blanca subió el presupuesto a entre 12 mil y 15 mil millones, y ayer un reporte interno del Departamento de Seguridad Nacional lo incrementó a 21 mil 600 millones. Y en eso de inflar presupuestos, las constructoras mexicanas se pintan solas… Va de nuevo: el Banco de México aumentó su tasa de referencia a 6.25 por ciento. Cuidado con los créditos.

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