l hermano pueblo colombiano, sectores sociales y comunidades indígenas-afrodescendientes en resistencia, han estado pronunciándose por la paz, con la movilización y la determinación firme de avanzar hacia cambios básicos institucionales y estructurales que requiere Colombia. Para materializar esta decisión, se construye una amplísima red de organizaciones que constituya una poderosa corriente de opinión democrática por una trasformación de fondo del país, sustentada desde este referente amplio donde confluyan y se sinteticen los intereses de las mayorías nacionales. Se avanza, a contracorriente, en una batalla política por la verdad y la justicia, a partir de una noción de paz ligada, a su vez, a la noción de cambios, por lo que es un contrasentido la idea de que la paz comprende únicamente lo acordado en La Habana o, más aún, la concepción subyacente del gobierno sobre una paz que no afecta en nada la naturaleza terrorista de Estado, el modelo socioeconómico y las estructuras paramilitares que condujeron a la cruenta confrontación armada.

Con toda razón, sectores representativos de la Iglesia colombiana han denunciado recientemente el asesinato alevoso de líderes sociales y personas que forman parte de movimientos políticos independientes; cuestionado enérgicamente el reagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo, cuyos grupos ingresan súbitamente a las zonas que abandonan integrantes de las FARC en su proceso de desmovilización e implementación de los acuerdos logrados en La Habana; destacan las violencias atroces contra los reclamantes de tierras de las que fueron despojadas las comunidades en forma fraudulenta y criminal; señalan el control bélico de las tierras vinculadas con el fenómeno de las rutas del narcotráfico, unido a todo un sistema de delincuencia organizada alrededor de los cultivos ilícitos y apoderamiento, a la vista de todo el mundo, de las regalías y del pago de impuestos. Control que sirve de aprestamiento para la explotación de la minería ilegal, la extracción de las riquezas de nuestros suelos y subsuelos, y el arrasamiento del ecosistema. Ante tales hechos, interrogan incisivamente: ¿Hay anuencia del Estado o es simplemente un descuido de las autoridades responsables de dar cumplimiento a lo pactado? ¿Hay simpatía estatal con estas formas ilícitas de dominio y manipulación de unos territorios de ancestrales dueños que el Estado no admite como poseedores legítimos? [monseñor Hugo A Torres Marín. Caritas Diocesana, 3 de febrero de 2017].

La dinámica de participación de la sociedad en los diálogos intenta llegar también a las mayorías no organizadas, que no son escuchadas ni tomadas en cuenta en las decisiones sobre el rumbo de ese país, y que se encuentran en este estado no por obra del azar, sino como resultado de las políticas del régimen dominante. La minoría, que por décadas ha mandado en Colombia, es reacia al cambio y solamente con la presión de la sociedad y los pueblos indígenas y afrodescendientes se moverá para que deje de considerar a estas voces como una recomendación que no la obliga. Valen más expresiones de la democracia en la calle y en los territorios que en el parlamento, porque es la fuerza del pueblo movilizado la que vuelve vinculantes sus propuestas de transformación, y la que hace que las clases dominantes lo tengan en cuenta como sujeto indispensable a la hora de tomar decisiones que marcan el destino y la paz de Colombia. Los acuerdos firmados entre las FARC-EP, importantes en el camino de la paz, deben ser examinados como un proceso entre el gobierno y esa insurgencia, pero la construcción de la paz sobrepasa esta negociación, porque es una tarea de toda la sociedad, de la nación colombiana, de los pueblos y sectores que integran esa entidad nacional multiétnica y multicultural; es responsabilidad de un frente amplio, sólido y unitario de organizaciones que incluya las múltiples agendas locales, regionales y nacionales, con prácticas explícitas de intervención y poder popular, de voluntad política, movilización social y defensa de la soberanía, como tarea de todos y todas, y no sólo de una clase política que ha sumido al país en una guerra de décadas.

A partir de estas consideraciones, saludamos los esfuerzos por lograr la paz en el diálogo que tiene lugar en Ecuador, entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional [ELN], en el que se insiste en que la participación de la sociedad y los pueblos será en función de iniciativas y propuestas que hagan viable la paz. Acorde con lo que plantea el colega Santos Alonso Beltrán, la naturaleza de esta organización armada, su modelo de relacionamiento social y el momento político y militar que vive esta guerrilla, obligan a pensar un esquema de trabajo diferente y alternativo que conduzca a un proceso de negociación exitoso, que a la vez sume al iniciado con FARC-EP. [Las conversaciones de paz con el ELN: un modelo de negociación diferente, revista Izquierda, número 57, septiembre de 2015]. Beltrán plantea que para el ELN una agenda que no incluya una discusión sobre mecanismos para la defensa efectiva de los derechos humanos, la justicia, la reparación de las víctimas, la reforma de las fuerzas militares y la reconstrucción de la memoria es una agenda limitada. De la misma manera, esta organización ha insistido en discutir el reconocimiento efectivo de la participación de las minorías, el rediseño de los mecanismos e instituciones de control y la resignificación de los procesos democráticos. Además, en materia económica, el modelo, la política de explotación de los recursos naturales y la relación con los organismos económicos multilaterales, han sido temas recurrentes en las demandas del ELN. Una agenda para el ELN es amplia y estructural.

Un proceso de paz en el que sólo se desarma la insurgencia, mientras todas las estructuras presuntamente legales e institucionales continúan cumpliendo la tarea de garantizar el sistema capitalista de explotación y dominación del pueblo, utilizando, al mismo tiempo, con ese propósito, a los agrupamientos clandestinos paramilitares-delincuencia organizada, no llevará más que a la continuidad del terrorismo de Estado por otras vías.