Chilpancingo, Gro.

El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que el acuerdo tomado por los diputados federales para no llevar a juicio político a Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene como objetivo que haya impunidad en el caso de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Entrevistado en esta capital, reprochó que los diputados están encubriendo a personajes que de algún modo avalaron una versión que no tenía bases científicas. Su actitud respondió más a la presión política que se estaba dando, y tuvieron que sacar una versión que ayudara a distender el ambiente, pero esto generó una crisis mayor, sostuvo.

En la práctica, destacó, se estaban dando versiones de que de algún modo apostaban a cómo a mantener la impunidad, con datos que no están realmente sustentados con todos los peritajes que requiere a escala internacional un caso como el de los 43 estudiantes desaparecidos.

De acuerdo con Abel Barrera, en este caso la clase política trata de cerrar filas para poder garantizar que las altas autoridades no sean llamadas a cuentas, y mucho menos digan el motivo por el que impulsaron esas versiones que no estaban sustentadas en dictámenes y peritajes científicos.

El trabajo del nuevo equipo de investigación enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en la solución del caso Ayotzinapa está avanzando en términos de todo el seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, dijo.

Asimismo, anunció que padres de los 43 se reunirán este jueves con funcionarios federales, encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para analizar cómo va la búsqueda de sus hijos.