Moscú.

Como era previsible en un país donde la justicia se supedita a los intereses del Ejecutivo, el juez de una corte de la ciudad de Kirov volvió a dictar, palabra por palabra, la misma sentencia por la cual hace cuatro años el político opositor Aleksei Navalny ya había sido condenado.

El principal crítico del Kremlin se enfrenta otra vez a una pena de cinco años de libertad condicional, lo cual le impide presentarse como candidato en los comicios presidenciales de 2018.

El juicio tuvo que repetirse después de que el 16 de noviembre anterior la Suprema Corte de Rusia –en atención a un fallo del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que recoge las numerosas fallas de procedimiento– anuló la anterior sentencia condenatoria y ordenó revisar el caso.

En tiempo récord el juez Aleksei Vtiurin dictó sentencia este miércoles. Para ello no consideró necesario escuchar a ningún testigo de descargo y sólo quitó del anterior texto los testimonios de las personas que no participaron en este segundo juicio. El resto del documento que leyó es literalmente el mismo.

Eran y son tan absurdas las acusaciones por malversación contra Navalny –en síntesis: que a sabiendas de querer perjudicar a la empresa del sector público Kirovlies, que entonces asesoraba, recomendó vender más barato la madera que fabricaba de lo que en realidad podría valer, causando al Estado un quebranto equivalente a 250 mil euros– que, una vez más, el juez Vtiurin decidió que por ese delito no amerita entrar en prisión, pero tampoco, de acuerdo con la legislación electoral, podrá aspirar a un cargo de elección popular durante diez años después de terminado el plazo de la libertad condicional.

En otras palabras, la todopoderosa maquinaria de la justicia del Estado cayó de nuevo encima de Navalny, condenado por un caso que tiene todos los ingredientes de ser un simple pretexto para neutralizar al único político que podría hacerle sombra al titular del Kremlin y forzar una impredecible segunda vuelta de votación.

A menos que la Suprema Corte de Rusia anule también esta condena –y es de suponer que el opositor recurrirá la sentencia en cuanta instancia legal tenga a su alcance antes de 2018–, Navalny no podrá disputar en las urnas la presidencia a Vladimir Putin o, de optar éste por otra forma de perpetuarse en el poder, a su eventual sucesor para el cargo.

Navalny confía en que la Corte Constitucional de Rusia dictamine en su favor, debido a que hay una evidente contradicción entre la legislación electoral –que se modificó en febrero de 2014 pensando en casos como el suyo– y la Carta Magna, que impide la postulación como candidatos a un cargo de elección popular sólo a quienes se encuentran purgando penas en la cárcel y no incluye a aquellos que están en libertad condicional.