Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió hace dos años los permisos para sembrar soya transgénica en Campeche, la empresa Monsanto ha seguido cosechando y vendiendo ese producto, sin que las autoridades hagan algo para impedirlo, denunció Luis Arturo Carrillo, integrante de la organización civil MA OGM.

Además, aseguró, han ocurrido varias irregularidades en el proceso de consulta que el máximo tribunal del país ordenó realizar en la región para definir si las comunidades aprueban las semillas modificadas, añadió el activista.

En charla con La Jornada, Carrillo advirtió que la consulta ha sido impulsada por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que mantienen una posición abiertamente favorable a los cultivos transgénicos.

“No son imparciales; están actuando como juez y parte y quisieron hacer un proceso fast track, pero ese intento no prosperó, pues las comunidades se organizaron para denunciar que la consulta no ha sido previa ni informada ni de buena fe.” Además, el 28 de enero representantes de Senasica y la Cibiogem ofrecieron un reporte de la observación de las semillas transgénicas, pero no incluyeron la información solicitada por los pobladores, no tiene fecha ni número de oficio y tampoco están firmados, indicó.