La Cámara de Diputados realizó ayer la declaratoria de reforma constitucional en materia de justicia laboral que, según explicaron los partidos, pretende acabar con los vicios en los procesos llevados por las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales desaparecerán.

La reforma, que se turnó al Senado para que también haga la declaratoria antes de enviarla al Ejecutivo para su publicación, prevé un año para adecuar el nuevo sistema contencioso. En tanto se aprueba la ley reglamentaria respectiva, los asuntos pendientes continuarán en trámite ante las juntas de Conciliación, explicó el PRI.

En la sesión de ayer, la Cámara recibió los votos de 17 congresos estatales en favor de cambios a los artículos 107 y 123 de la Carta Magna, que busca la resolución de los conflictos laborales mediante la conciliación, antes de que las partes acudan a los tribunales laborales.

Desde la tribuna, la diputada Georgina Zapata Lucero (PRI), presidenta de la Comisión de Trabajo, expuso que hasta ahora la justicia laboral es obsoleta, compleja e ineficaz.

Con un enfoque constructivo de enorme valor político y sin distingos, y un proceso plural, el Constituyente Permanente aprobó una reforma que edifica un cambio, redefine los órganos de justicia laboral para hacerlos jurisdiccionales y rescata la función fundamental y conciliadora, señaló.

Esta reforma, abundó, pretende acabar con los vicios, espacios de inercias y prácticas que durante un conflicto laboral derivan en incertidumbre jurídica, en perjuicio de las partes involucradas.

El diputado Ariel Juárez (Morena) sostuvo que ya se sabe de un borrador de iniciativa para una ley reglamentaria aunque, afirmó, va contra todos los buenos propósitos que supone traería la reforma constitucional recién aprobada.

La intención, dijo, es no permitir la contratación colectiva en pequeñas y medianas empresas, insistir en la subcontratación, no inscribir a los trabajadores en el Seguro Social y ni siquiera se les daría un recibo de pago por su trabajo.

Julio Saldaña (PRD) refirió que actualmente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) acumula 459 mil expedientes, de los cuales sólo se espera resuelva 30 por ciento. La reforma permitirá pasar de un régimen contencioso a uno conciliador y eficiente. Vigilaremos que la ley secundaria robustezca este nuevo mecanismo, indicó.

El diputado Víctor Sánchez Orozco (MC) refirió que cada juicio laboral consumía un promedio de tres años, siempre en perjuicio de los trabajadores.

Y los sindicatos en realidad nunca defendieron los derechos de los empleados. Las juntas de Conciliación se crearon para dar igualdad a los trabajadores frente al patrón, lo que en la práctica se desvirtuó. La democracia sindical no existe, es una simulación, afirmó.