Desde la llegada de Juan Manuel Portal al frente de la Auditoría Superior de la Federación, en 2010, las denuncias penales que ha promovido esta instancia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por irregularidades detectadas en la fiscalización han crecido exponencialmente.

Si entre 2000 y 2009 la ASF presentó 39 recursos legales, entre 2010 y 2016 se interpusieron 698 para que se investiguen presuntos daños patrimoniales y la comisión de delitos.

Sin embargo, frente a un mayor rigor en la fiscalización del gasto público, la pretensión de endurecer sus consecuencias se ha estrellado en el marasmo de la PGR y su muy escasa eficacia. Según el reporte de seguimiento de lo que ha sucedido con las denuncias promovidas por la ASF –solicitado vía acceso a la información pública–, la Dirección General de Control de Procesos Penales de la PGR respondió:

Se han empezado 260 averiguaciones previas, pero se ha consignado solamente a 16 funcionarios por uso indebido de atribuciones y facultades, peculado contra la administración pública y ejercicio indebido del servicio.

La ineficacia no se muestra sólo en las consignaciones, pues de 2010 a la fecha la procuraduría únicamente obtuvo dos autos de formal prisión y tiene pendiente una orden de aprehensión por cumplimentar, que data de una denuncia de la ASF presentada en 2010.

De acuerdo con el reporte de demandas presentadas por la ASF desde 2000, la tendencia creciente empezó en 2011, a un año de la llegada de Portal, cuya gestión concluye en diciembre próximo. Si hasta entonces el máximo de recursos promovidos en un año fue de 13 –en 2001–, para 2011 se interpusieron 52, 80 en 2012, 133 en 2013, 185 en 2014 (cuando se registró el mayor número), 165 en 2015 y 72 el año pasado.

Uno de los factores centrales que contribuyeron al incremento sustancial en las denuncias ha sido el comportamiento irregular de los gobiernos estatales en el manejo de los recursos destinados a programas federalizados, al punto de que de 2013 a la fecha casi una veintena de gobiernos estatales enfrenten litigios legales auspiciados por las denuncias de hechos de la ASF.

De los últimos 400 recursos promovidos ante la PGR, 65 por ciento corresponden a irregularidades detectadas a los gobiernos estatales, y 88 de ellas obedecen a la dolosa actuación de simular el reintegro de recursos públicos a programas irregularmente utilizados. Simulación derivada del traslado sólo temporal a una cuenta, para acreditar ante la ASF la devolución que poco después es retirada.

El saldo de demandas penales que involucra a los gobiernos estatales es encabezado por Veracruz, con 55, en su gran mayoría contra la gestión del ex gobernador prófugo Javier Duarte. Sin embargo, entidades como Jalisco, con 23; Michoacán, con 21; Morelos, 19, o Chihuahua con 17 complementan un cuadro de ejecutivos locales con irregularidades detectadas por la ASF, donde se ha presumido presunto daño patrimonial, como el caso de Veracruz, donde el monto supera 35 mil millones de pesos.

Por lo que corresponde a la administración pública federal, gran parte de los malos manejos detectados por la ASF se concentran en la Secretaría de Agricultura.