Empresarios gasolineros acusaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de querer sacarlos del mercado para dejar el camino libre a empresas extranjeras con las medidas que se implementaron como parte de la reforma energética en la frontera norte del país.

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) Pablo González Córdova, recordó que como los precios de las gasolinas son más bajos en Estados Unidos que en la frontera norte del país, la Secretaría de Hacienda implementó un subsidio para que los gasolineros de dicha zona pudieran recuperar una parte de los costos de los combustibles.

El problema, señaló, es que primero deben comprar la gasolina al precio al que se los vende Petróleos Mexicanos (Pemex) y luego hacer un trámite para que Hacienda les regrese el subsidio.

Los gasolineros estamos preocupados por la actitud que está tomando la SHCP porque tenemos que financiar el impuesto, dijo en entrevista.

Ejemplificó que en algunos lugares como Reynosa, en Tamaulipas, el precio máximo fijado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la venta al público es de 12.89 pesos, más un subsidio de 2.91 pesos, da un costo que los gasolineros tienen que pagar de 15.80 pesos.

Sin embargo, como no pueden vender el litro a más de 12.89 pesos el resto es un monto que el gasolinero tiene que poner y esperar hasta que Hacienda se lo devuelva.

Si vendemos, por ejemplo, un millón de litros al mes y debemos pagar 3 pesos por litro a Pemex son 3 millones de pesos que pagas en febrero y tienes derecho a que Hacienda te lo pague en marzo, pero esa devolución te la va a mandar al panteón con una esquela porque, dime, ¿qué empresa aguanta pagar 3 millones de pesos de subsidio?, señaló.

Buscan evitar abusos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) intercambiarán información de precios, volúmenes y calidad de las gasolinas, gas licuado de petróleo (LP) y diésel para robustecer las verificaciones y evitar abusos de las empresas concesionarias y permisionarias contra los consumidores. Las sanciones máximas que pueden imponer contra quienes cometan abusos pueden alcanzar 10 años de prisión y 24 millones de pesos.

Ambas dependencias informaron que firmaron un convenio de colaboración que les permitirá proteger y empoderar al consumidor en el contexto de la apertura del sector energético, sobre todo cuando faltan unas semanas para que se libere la venta de gasolinas.

Ambas instituciones pueden imponer sanciones a las empresas que no reporten precios a la CRE o vendan los combustibles por encima del precio máximo establecido. La Profeco dará aviso a la CRE cuando observe el incumplimiento de los precios máximos y cuando éstos no sean iguales a los reportados ante la CRE por los permisionarios. Profeco podrá imponer sanciones a las gasolineras cuando no despachen litros completos, advirtieron.