El proceso de armonización jurídica en materia de derechos humanos no ha concluido, pese a que la reforma constitucional se llevó a cabo en junio de 2011. Así, casi seis años después, cuatro entidades presentan avances mínimos, que oscilan entre 18 y 36 por ciento, de acuerdo con los datos más recientes de la Plataforma de Armonización Normativa, elaborada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Además, de las 11 disposiciones jurídicas que deben ser armonizadas en los estados, la obligación de organizar el sistema penitenciario con base en los derechos humanos, prohibir la discriminación motivada por preferencias sexuales y aplicar en todos los casos la norma que más beneficie a las personas, incluso si la disposición proviene de un tratado internacional, son los principios que más retraso tienen en esa labor.

De manera particular, el organismo nacional destacó el escaso avance en la obligación de los estados de organizar el sistema penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos. Con 56.3 por ciento, es la cifra más baja del conjunto de disposiciones que deberán ser compatibles entre las constituciones federal y de los estados.

Si bien reconoce que en 18 entidades existe un mandato expreso sobre el tema, señala que en las 14 constituciones restantes no se determina en forma alguna esa obligación del Estado. Este muy bajo porcentaje parece ser congruente con la crisis existente en el sistema penitenciario que se vive actualmente en nuestro país, subraya el documento de análisis.

Advierte que mientras no se avance en esa tarea, será difícil contar con un sistema penitenciario basado en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

La discriminación por preferencia sexual es otro tema rezagado, con 74.4 por ciento. En 22 entidades se establece claramente que está prohibido cualquier acto de este tipo motivado por preferencias sexuales, pero en siete ni siquiera se hace mención alguna. En tres más sólo se cita el término preferencias, pero se omite la palabra sexuales. En este último caso se encuentran los estados de México, Nayarit y Tabasco.

En contraparte, la autonomía de los organismos locales de derechos humanos es el principio que mayor avance tiene, con 96.9 por ciento. Sonora es el único estado donde su Constitución no estipula ese principio, dado que ni siquiera se hace referencia alguna a dicha institución.

Datos de la plataforma señalan que sólo 12 entidades han concluido el proceso, a 16 las califica con procedimientos avanzados y las cuatro restantes con importantes rezagos. Éstas son: Veracruz, con un adelanto de 18.2 por ciento; Sonora, 27.3; Chiapas, 32.7, y Chihuahua, 36.4.

La directora general de Planeación y Análisis de la CNDH, Laura Gurza Jaidar, explicó que aun cuando la reforma constitucional aportó 21 nuevos principios, obligaciones y/o derechos en la materia, sólo 11 son susceptibles de armonización con las leyes estatales.

Entre ellos, dijo, están los de pro persona –aplicar normas más benéficas a las personas, aunque éstas provengan de un tratado internacional–, progresividad, universalidad e indivisibilidad, así como la obligación del Estado de promover los derechos humanos en la educación que imparta.