Iglesias por la Paz, agrupación formada por integrantes de diversas confesiones religiosas, señaló que es grave que se quiera legitimar con una ley la presencia del Ejército en las calles. Ello, en referencia a la propuesta de ley sobre seguridad interna.

Fray Julián Cruzalta, crítico del intento de plasmar esa situación en dicha ley, destacó que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional ha expuesto que las fuerzas armadas “no estudiaron o se prepararon para perseguir delincuentes.

Nos parece grave que se quiera legitimar lo que es ilegítimo, lo que ya es de hecho, pero lo quieren hacer de derecho, enfatizó Cruzalta.

El religioso destacó: No es función de las fuerzas armadas realizar labores policiacas, y criticó que, aunque ya van a cumplir una década combatiendo el narcotráfico, siempre se ha dicho que regresarán a los cuarteles cuando haya una policía especializada, capacitada, pero no han preparado a ninguna corporación para ello. No hemos visto pasos serios en ese tema”.

Confió que en el diseño de la ley de seguridad interior no se legisle la vapor, y añadió que debe haber una discusión nacional seria, en la que participe también la sociedad civil organizada y no organizada, porque es una tema de interés nacional.

Recordó que el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Frost, expresó que sería grave legitimar la presencia del Ejército en las calles con la ley de seguridad interior, que se discutirá en el actual periodo de sesiones del Congreso.

Comentó que ese tema cobra especial relevancia después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que México necesitaba ayuda en materia de combate al narcotráfico y que hay interés de su país en la colaboración.

Sobre este último punto manifestó que cualquier tipo de negociación en que se pudiera poner en juego la soberanía nacional no es un asunto privado. Demandó a las autoridades mexicanas que no negocien con Trump a espaldas del pueblo mexicano.

Respecto de la participación de las fuerzas armadas en labores antinarco, aseveró que éstas no están estipuladas en la Constitución. Están fuera de la ley. Por tanto, algunos de sus miembros podrían ser juzgados posteriormente en un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad.