A partir de este año la fiscalización en México registrará un cambio fundamental para abarcar y reforzar el eslabón más débil del ejercicio de recursos: el gasto de los gobiernos estatales. Con nuevas facultades, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá ahora fiscalizar hasta 90 por ciento del total del gasto de las administraciones locales, pues auditará no sólo los programas federalizados –como hasta 2016–, sino también las participaciones federales y la deuda contratada por las entidades.

Después de un año en que se evidenció la discrecionalidad en el gasto de los gobiernos estatales, y la enorme fragilidad de los órganos locales de control, las reformas legales impulsadas para apuntalar los sistemas nacionales anticorrupción y de fiscalización –que han dejado un gobernador preso y otro prófugo– entrarán en vigor con la reforma que potencializará la actuación de la ASF.

Aunque los alcances del volumen de recursos sujetos ahora a fiscalización de la ASF en cada estado será variable –pues el rubro de ingresos propios, único que será ajeno a la revisión del organismo, tiene diferencias sustanciales en cada entidad–, el gasto fiscalizable de la Auditoría en 2017 podría duplicarse en algunos casos con respecto a antes de los cambios, tan sólo por la revisión del ejercicio de las participaciones federales de cada gobierno estatal.

A pesar de ello, el organismo podrá investigar en promedio cerca de 90 por ciento de los recursos ejercidos por estado. Bajo esta premisa se acotarán los márgenes de discrecionalidad en el gasto con que han operado los gobiernos estatales ante la insuficiente autonomía e independencia de los órganos locales de fiscalización.

Con base en el Presupuesto 2016, el monto de revisión del ramo 33 –que abarca diversos fondos federalizados de salud, educación, seguridad, etcétera, que ya revisaba la ASF con la ley anterior– ascendería a 616 mil 286 millones de pesos. Con las nuevas reglas podrá, a partir de la cuenta pública 2016, investigar el ejercicio de otros 678 mil 747 millones que corresponden a participaciones federales de los estados y lo que se ingrese vía deuda.

El fortalecimiento de las funciones de la ASF se inserta en el papel preventivo y de investigación que se pretende dar al sistema nacional de fiscalización, como parte del engranaje del sistema nacional anticorrupción que comenzará a operar en 2017. Para esta nueva etapa tuvo un incremento presupuestal de 7 por ciento, aunque sólo 3 por ciento en términos reales se usará para reforzar áreas estratégicas.

La importancia del desdoblamiento de facultades de la Auditoría Superior, que permitiría reforzar el débil seguimiento de los recursos públicos que existe ahora a nivel estatal, es que la mayor parte de los recursos involucrados en presuntos actos de corrupción detectados en Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Sonora correspondían a gasto no fiscalizable por la ASF, por tratarse de participaciones federales o deuda.

La proporción de gasto estatal que ahora será revisada por la ASF en cada entidad es muy diversa en función del peso que tiene en cada una el ingreso propio, no auditable por el organismo fiscalizador. En el país hay entidades con un importante ingreso propio: la Ciudad de México (43 por ciento de sus recursos provienen de fuentes locales), Nuevo León, Veracruz y Chihuahua, que oscilan alrededor de 30 por ciento, con un promedio nacional de 16.3, según estimaciones de la ASF. En contraste, Michoacán o Puebla sólo captan por esta vía 9 por ciento de su gasto.

El impacto de la ampliación de las capacidades de la Auditoría Superior es variable. Por ejemplo, en el estado de México, con un presupuesto de 221 mil millones de pesos, 84 mil millones proceden de participaciones federales que ya serán auditadas por la ASF; en la Ciudad de México, según las previsiones, de los 173 mil millones de pesos de presupuesto, el monto fiscalizable de la cuenta pública será de alrededor de 100 mil millones de pesos, de los cuales 73 mil 200 millones son de participaciones federales –por primera vez auditadas– y el resto provienen de ingresos propios que corresponde al órgano local revisar.

En el otro extremo hay entidades como Baja California Sur o Colima, donde el universo auditable por concepto de participaciones federales se incrementará en menos de 5 mil millones de pesos por el reducido presupuesto que tuvieron en 2016.

Las nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación abarcarán un ámbito que en los años recientes creció casi sin restricción, motivando sendas reformas para acotar un creciente problema –que se amparaba en la discrecionalidad y control de los congresos locales– y con ello detener este esquema a escala estatal: la deuda pública. Un monto que entre 2008 y 2015 pasó de representar cerca de 50 por ciento de las participaciones federales de los estados a 84 por ciento en 2015.

El diagnóstico que se tiene sobre la deuda estatal arroja diferencias abismales entre las entidades, a partir de la contratación discrecional que se avaló en congresos locales, pues mientras en Quintana Roo el monto de deuda representa 270 por ciento de sus participaciones federales anuales, en Coahuila, 260 por ciento; Chihuahua, 225, y Nuevo León 220 por ciento, para Querétaro su deuda sólo representa 14.8 por ciento, en Campeche, 17 y en Guerrero 20 por ciento.

Vinculada a la nueva Ley de Disciplina Financiera (creada para regular los montos de endeudamiento estatales con garantías federales), la reforma en fiscalización permitirá a la ASF actuar en una doble vía: de entrada, en tanto la deuda es considerada un ingreso, se auditará su contratación a efecto de que no rebase ciertos umbrales que pongan en riesgo la estabilidad financiera estatal.

En la otra vertiente, permitirá a la Auditoría Superior verificar el uso de recursos obtenidos vía deuda a partir de 2017, por lo cual se fiscalizará ese gasto en función de los objetivos para los que fue contratado el endeudamiento, práctica que hasta ahora no realizaba.