Ciudad de Panamá.

La brasileña Odebrecht renunció a un proyecto hidroeléctrico de mil millones de dólares en Panamá, dijo el viernes el gobierno del país centroamericano, en un nuevo golpe para la constructora tras declararse culpable de pagar multimillonarios sobornos en América Latina.

Ya Odebrecht había anunciado en la semana que se retiraba del proceso de licitación del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, después de que la Fiscalía del país imputó a 17 personas por presunto blanqueo de capitales vinculado con el caso.

Ellos (Odebrecht) acuerdan seguir la hoja de ruta planteada por el gobierno para la terminación de la concesión, dijo el ministro de Finanzas, Dulcidio de la Guardia, a periodistas. Un portavoz de Odebrecht Panamá no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Odebrecht está en el centro de un enorme escándalo por corromper a funcionarios de varios países de la región, incluyendo Panamá, donde la firma de ingeniería reconoció haber pagado al menos 59 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014, cuando gobernó el ex presidente Ricardo Martinelli.

Bloqueará el gobierno nuevas concesiones a la firma brasileña

El gobierno del presidente Juan Carlos Varela anunció en diciembre su intención de retirar la concesión a Odebrecht para construir y operar Chan II, una hidroeléctrica de unos 220 megavatios (MW) en la costa Atlántica y cuyas obras estaban demoradas en espera de conversaciones con comunidades locales.

Las autoridades agregaron que durante las indagatorias serán bloqueadas nuevas concesiones a Odebrecht, pero permitirán que finalice las obras claves que actualmente ejecuta en el país por unos 3 mil 300 millones de dólares, incluyendo la ampliación del aeropuerto y la segunda línea del metro de la capital.

Aunque la Fiscalía no ha revelado la identidad de los acusados, reportes de la prensa local apuntan a que entre ellos estarían los hijos de Martinelli, quien tiene orden de extradición en Estados Unidos para declarar en Panamá por varios escándalos de corrupción.

La firma brasileña ofreció pagar al país 59 millones de dólares como reparación por los sobornos, pero no ha hecho públicos los nombres de los funcionarios que estarían involucrados con el cohecho.