a zozobra entre paisanos guerrerenses que residen en Estados Unidos de manera irregular va en aumento, y no es para menos, si se toma en cuenta que el presidente Donald Trump está pasando de las promesas de campaña a los hechos.

El gobierno guerrerense asegura estarse preparando para proteger a los migrantes que sean expulsados, y anunció que contratará despachos jurídicos para que los defiendan en el proceso de deportación.

La medida de apoyo, en caso de que se haga efectiva, no está mal, pero se constriñe a la salida de Estados Unidos, cuando se trata de garantizar que los connacionales sean tratados debidamente al dejar ese país.

Otro punto es qué sucederá con millón y medio de migrantes del estado –según las cifras del gobernador Héctor Astudillo– cuando ya se encuentren en territorio guerrerense.

La tasa de desocupación en Guerrero pasó de 2.3 a 2.5 por ciento de enero de 2015 a enero de 2016, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en sus Indicadores de ocupación y empleo.

La economía de la entidad se apuntala en el turismo, el cual está en decadencia y sin recibir mayor impulso, pues no existen programas de promoción. Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, los principales polos turísticos, ahora dependen del turismo nacional, que llega no por promoción de los destinos, sino por impulso.

La violencia y las extorsiones han propiciado el cierre de cientos de establecimientos, según dirigentes de organizaciones empresariales, quienes claman, con insistencia y sin respuesta, participación efectiva de las autoridades, que han demostrado su incapacidad.

Habría que preguntar al gobierno: ¿cómo piensa dar empleo y servicios públicos a los migrantes, si no ha tenido la capacidad de satisfacer necesidades elementales, como generar fuentes de trabajo, para los que están aquí?

El problema no se arreglará simplemente con hacer ruido. Trump está actuando; en México sólo gritan.