l papel de Morena en la Asamblea Constituyente fue crítico, pero sobre todo muy constructivo. Como señaló Bernardo Bátiz, nuestro coordinador, la presencia de los designados fue un muro que impidió lograr una mejor Constitución. Este comentario hay que comprenderlo al considerar que cada texto constitucional exigía la aprobación de dos terceras partes de asambleístas, así que para aprobar cada artículo, aún siendo la fracción que obtuvimos una mayoría de 22 diputados electos por la ciudadanía, era necesario contar con votos de miembros de las otras fracciones, especialmente de las grandes, del PRD, del PAN y del PRI, quienes tuvieron mayorías artificiales: el PRD ganó 19, pero contó con 29 escaños, al sumar seis designados por las cámaras más otros 6 que designó Mancera, quienes eran externos y aportaron mucho al texto, la única militante de ese grupo fue Ifigenia Martínez, mujer fenomenal a sus 91 años de edad; PRI ganó cinco escaños en esta ciudad, pero ocuparon 21 curules, un verdadero abuso ¡casi los mismos que Morena!, porque impusieron a seis senadores, cuatro diputados federales y seis enviados directamente por EPN. De siete curules que ganó el PAN, alcanzaron 15 posiciones por los designados. Si la asamblea hubiese reflejado la representatividad lograda en las urnas por las izquierdas, hoy tendríamos otra Constitución.

Atados con esa conformación tan antidemocrática, con tiempos apresurados y formatos acartonados, la fracción de Morena se distinguió por insistir para ir más allá, para avanzar por encima de lo obtenido en 20 años de gobiernos de izquierda, algo de lo ya contemplado en el proyecto del jefe de Gobierno. Apostamos por una carta magna que fuera cimiento para establecer la dignidad humana como principio rector supremo y sustento de los derechos humanos, por un marco que empuje hacia adelante nuevas leyes y políticas, una carta que impida los retrocesos y las medidas represivas que estamos viviendo en la última gestión local, porque de la federal, ni hablar.

Imposible enumerar todos los logros, enumero algunos, en especial los derechos emergentes más vinculados a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Quedó reconocido el derecho a la ciudad, así como el derecho al espacio público, su carácter colectivo, comunitario, participativo y libre de privatización. Por primera vez se establece la obligación del gobierno a dar educación en todos los niveles incluyendo la educación superior, vamos por cero jóvenes rechazados. Este territorio quedó definido como una ciudad refugio, donde se garantizarán los derechos de migrantes. Se estableció el derecho al cuidado y al tiempo libre desde una perspectiva de género: se contará con un sistema público que otorgue a cada persona los elementos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida, y para atender a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente durante la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado, que como sabemos, son mujeres en mayoría. En atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas que liberen tiempo y permitan a las personas alcanzar el bienestar, el derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. Se ampliarán paulatinamente las jornadas escolares hasta un máximo de ocho horas.

Tendré que dedicar otra colaboración para hablar de los logros en derechos económicos, educativos, laborales, en la fortaleza que se dio al sistema de justicia, a las alcaldías y a la participación ciudadana, y muy especialmente en las medidas para la exigibilidad de los derechos, para que no queden sólo como sueños aspiracionales.

Por lo pronto les informo que se reconocieron los derechos sexuales y reproductivos: la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, la diversidad sexual, la orientación y expresión de género, la diversidad de las familias y la igualdad de derechos a las familias formadas por personas LGBTTI, muy especialmente el derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos. La batalla contra el derecho a la vida fue campal, después de perderlo en la comisión, hubo más de 10 intentos por meterlo en el texto constitucional. En la penúltima sesión plenaria, el Parido Verde nombró como suplente a Armando Martínez, dirigente de abogados católicos. Las compañeras diputadas se lo acabaron en tribuna: ¿Desde dónde defiende el derecho a la vida, un defensor del cura pederasta Nicolás Aguilar, violador de más de 100 niños? ¿Qué significa la vida para el defensor de Norberto Rivera, acusado por conspiración por pederastia en EU? ¿Por qué llevó a la SCJN el caso para exculpar y liberar al sacerdote Carlos Contreras, acusado de violar y asesinar a una estudiante en SLP?

Antes de la avalancha, yo presenté las cifras (más de 260 cada año) sobre los cientos de mujeres que han sido llevadas a la cárcel cada vez que incluyen el derecho a la vida en las constituciones estatales, les recordé que los fabricantes de armas del Partido Republicano de Estados Unidos son quienes invierten en el movimiento por el derecho a la vida y la defensa del no nacido, las huestes de Donald Trump. El pasado 27 de enero, el también presidente pro-vida emitió la Gag Rule que prohíbe financiar a las organizaciones que promuevan la despenalización del aborto en el mundo. En el diario de debates quedó registrado que el derecho a la vida se escribiría en esta Constitución sobre nuestro cadáver. ¡Qué bueno que no quedó!

* Twitter: @gabrielarodr108