Mexicali, BC.

Pueden presentar cualquier petición al Congreso del estado, respondió el gobernador Francisco Vega de Lamadrid a integrantes de la Asamblea del Pueblo cuando éstos le dijeron que la principal demanda de los bajacalifornianos es que renuncie y se inicie un juicio político en su contra.

Después de 18 días (del 12 al 30 de enero) de plantones y bloqueos a edificios gubernamentales y de tres marchas multitudinarias contra el gasolinazo y la privatización del servicio de agua potable en el estado, representantes del gobierno estatal, encabezados por Vega de Lamadrid, se reunieron la noche del miércoles durante dos horas con representantes del movimiento, quienes expusieron su pliego petitorio.

Los manifestantes advirtieron que acudirán al Poder Legislativo para plantear la demanda de juicio político. Afirmaron que hay suficientes elementos para que se proceda con su destitución porque aumentó la deuda del estado en 3 mil 452 millones de pesos. Asimismo, lo acusaron del incremento de la violencia en la entidad, de tener más de 50 propiedades y de permitir el proyecto Ecozone en una zona que debería estar protegida.

En cuanto a la reducción de su salario a la mitad, el gobernador dijo que en noviembre de 2013, cuando inició su administración, ganaba 110 mil pesos mensuales; en tres años se redujo 27.5 por ciento y no veo ningún problema (en quitarse el 23 por ciento adicional). Denlo por hecho. Este compromiso no incluye ni a su gabinete ni a los funcionarios de segundo nivel.

La petición más polémica fue la de suspender la construcción de un acueducto para la cervecera Constellation Brands. El gobernador dijo que tiene la responsabilidad de promover inversiones que generen empleos y arguyó que el proyecto es asunto federal.

Agregó que la empresa tiene previsto invertir 2 mil millones de pesos, pero los inconformes le respondieron que la obra pone en riesgo el suministro de agua para el campo.

Los manifestantes también rechazan el proyecto Ecozone, que consiste en la instalación de una planta de energía fotovoltaica en la sierra Cucapá y al lado un centro de reciclado de desechos tóxicos peligrosos con financiamiento del empresario y político sinaloense Jesús Vizcarra Calderón.

Ante la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez, los representantes del movimiento pidieron atención inmediata a los profesores que no han podido retirarse por falta de pago. Señalaron que 15 de los 3 mil 200 que esperan realizar este trámite fallecieron sin obtener respuesta.

Ustedes saben perfectamente que esto no se ha hecho por falta de voluntad, sino por falta de recursos. No puedo comprometerme a lo imposible, fue la respuesta.

Sobre el subsidio al consumo de energía eléctrica de los mexicalenses durante el verano, el gobernador sólo ofreció gestionarlo ante la Comisión Federal de Electricidad. Agregó que su administración aportará este año 40 millones de pesos a personas de la tercera edad y a madres solteras para el pago de su consumo.

De las 11 demandas planteadas, nueve quedaron en suspenso, entre ellas el retiro de demandas penales contra manifestantes que, según el gobernador, el sábado pasado lesionaron a dos escoltas en Mexicali, y el pago de la deuda con la Universidad Autónoma de Baja California. La asamblea anunció que seguirá con sus protestas y con el plantón en la Plaza de los Tres Poderes.