El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) publicó un nuevo estatuto orgánico –que deroga el aprobado en octubre de 2013– el cual define con mayor precisión las responsabilidades de las unidades administrativas y las funciones de gestión y vinculación de la Junta de Gobierno, que encabeza Sylvia Schmelkes del Valle.

En el documento, difundido ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se indica que dicho estatuto tiene por objeto instaurar las facultades y funciones que corresponden a la Junta de Gobierno, al consejero presidente, unidades administrativas, órganos colegiados y la contraloría interna que integran el instituto, en el contexto de las atribuciones que le confiere la normativa aplicable.

Destaca que entre las funciones que deberán asumir quienes integren la Junta de Gobierno del INEE, se incluye que todos los participantes en las sesiones deberán mantener reserva de los asuntos tratados y de los acuerdos que se tomen, así como evitar utilizar esta información para fines diversos a los institucionales.

Detalla el funcionamiento e integración de los consejos técnicos permanentes y temporales, cuyo propósito es la asesoría técnica y metodológica en evaluación educativa.

Estipula que los consejos técnicos permanentes se organizarán en al menos ocho colegiados: evaluación de la oferta educativa; resultados educativos; desempeño de docentes y directivos escolares; políticas y programas educativos; normatividad y directrices para la mejora educativa; integración de información y diseño de indicadores; difusión y uso de los resultados de evaluación educativo, y gestión del conocimiento e innovación.

Cada consejo técnico estará integrado por al menos tres y hasta siete especialistas nacionales o extranjeros que serán designados por la Junta de Gobierno para un lapso de cinco años, renovable una sola vez. Para ser consejero técnico se considerarán méritos académicos y profesionales. Quienes integren los consejos serán remunerados por su participación en las sesiones ordinarias o extraordinarias del consejo al que pertenezcan y, en su caso, por trabajos específicos que les sean requeridos, evitando conflictos de interés.