A pesar de múltiples sentencias judiciales e infinidad de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se conoce en el país un caso en que se haya dado una reparación integral del daño, conforme a los estándares internacionales en la materia, aseguraron organizaciones civiles y de derechos humanos, quienes cuestionaron la reciente reforma a la Ley General de Víctimas.

Calificaron estos cambios legislativos como insuficientes para poder atender la grave crisis humana que vive el país desde hace más de 10 años, pues las reformas carecieron de una consulta a fondo sobre cuáles de éstas podrían garantizar la reparación integral y amplitud en su alcance para llegar a las víctimas.

Y aunque reconocen que con estas reformas se cambia la estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), será el nuevo titular de la comisión quien tendrá a su cargo la mayoría de las decisiones.

La designación –que será por tres años– la hará el presidente Enrique Peña Nieto a más tardar el próximo 9 de febrero, fecha en que vencen los 30 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, previa consulta pública con los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones.

Sin embargo, las organizaciones señalaron en un pronunciamiento conjunto que con este proceso no se garantiza que la decisión del Presidente se apegue a los estándares internacionales, de máxima publicidad, transparencia y participación ciudadana.

Exigieron que la persona que ocupe dicho cargo tenga como mínimo experiencia y reconocida trayectoria vinculada al ejercicio de defensa, protección y reparación integral a víctimas, así como un compromiso y experiencia probada con la protección de los derechos humanos, el estado de derecho y los valores democráticos en el país, y no sea nombrada a partir de una lógica diferente a ésta.