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Concluye su reunión plenaria

Prioridad, el marco legal para militares, dice el PRI
 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de febrero de 2017, p. 13

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados anunció que entre las prioridades de su agenda legislativa está discutir y aprobar una ley de seguridad interior que justifique y legitime la presencia de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y la consecución de la seguridad, con respeto absoluto a los derechos humanos.

Al concluir ayer la reunión plenaria de los diputados priístas, su coordinador, César Camacho Quiroz, informó que buscará los consensos con las otras fuerzas políticas para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, y confirmó que se retomará la discusión de las minutas del Senado en materia de trata de personas y tortura.

El PRI también buscará que se apruebe su iniciativa de reforma constitucional para eliminar 100 diputados plurinominales y 32 senadores de representación proporcional, y expresó su respaldo a la minuta del Senado que modifica la Ley General de Salud y el Código Penal federal para regular el uso medicinal de la mariguana.

Respecto del marco legal para operativos militares en las calles, Camacho Quiroz sostuvo que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina gozan de una reputación merecida y los diputados les debemos una legislación suficiente que legitime su intervención en el combate al crimen organizando.

Aclaró que esa ley deberá incluir la obligación de los estados y municipios por capacitar y adiestrar a sus policías, para que no haya dependencia eterna del Ejército y la Marina, cuando de seguridad se trata.

Ante la exigencia del Ejército y la Marina para una legislación en esta materia, el Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado y el PRI en la Cámara de Diputados presentaron sus respectivas iniciativas.

Camacho Quiroz –quien propuso la del tricolor– dijo que una ley de este tipo debe garantizar el respeto cabal a los derechos humanos y que nadie pueda subvertir el orden jurídico y menos atropellar los derechos de las personas con el pretexto de una eficacia policiaca.