Más allá de castigar o sancionar a un niño que ejerce violencia, se deben dar herramientas a los docentes para identificar a estudiantes que puedan tener entornos de conflicto, sin criminalizarlos, y propiciar un trabajo que les permita una intervención en coparticipación con padres de familia, además de generar acciones preventivas, expuso la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo.

Entrevistada al término de la presentación tecnológica de la Casa del Arbol, área de atención a la niñez del organismo, Gómez Gallardo manifestó que cuando se detecta el acoso escolar no se trata de hablar del niño que comete un abuso, por el contrario, es alguien al que se tiene que identificar su entorno.

Detalló que la CDHDF apoya en la capacitación de los maestros para generar acciones que puedan fortalecerlos, tener herramientas para una identificación de niños con una situación de conflicto.

Difirió de la revisión en las escuelas como medida de prevención de la violencia, porque no es qué hay o no hay en una mochila, sino cómo alejar elementos que puedan generar agresión. El uso de un celular puede ser tan agresivo como la tecnología, finalmente es una herramienta que no es buena ni mala, son los valores que le demos para su utilización.

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de México puso en operación el Sistema de Información Localizada (SIL) para la atención del bullying en las escuelas capitalinas, que consiste en una plataforma electrónica en la que se registrarán los casos de acoso, violencia y maltrato escolar, informó la Secretaría de Educación.

Además de tener la geolocalización de las escuelas donde ocurren esas conductas, canalizarlas y dar seguimiento a los casos de violencia, la medida es parte del protocolo para la atención de los casos de acoso escolar en la ciudad. Por medio de 31 preguntas, el SIL identificará la tipología de violencia y atención que se requiere.

Los casos serán turnados a distintas dependencias para su atención, según sus facultades: Educación, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Salud y Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, entre otras.

Para ello se capacitó a servidores públicos encargados de recolectar la información sobre quién genera, recibe o es testigo de algún hecho de violencia.