Taxistas exigieron al gobierno capitalino suspender el servicio prestado por más de 45 mil unidades de Uber y Cabify, que incrementaron de manera unilateral su tarifa; acabar con los vehículos piratas del grupo Panteras y rendir cuentas respecto del 1.5 por ciento que ha captado el Fondo de Movilidad.

Asimismo, le solicitaron implementar un programa de simplificación administrativa que reduzca los trámites y costos a que está sujeto el gremio, y por medio del Fondo de Apoyo al Transporte les otorgue 3 mil pesos al mes en vales de gasolina para sortear el incremento que tuvo en enero y el que viene en febrero.

Dicha medida significaría para cada taxista un ahorro de 24 mil pesos, para cubrir el costo de otros insumos, sin la necesidad de un aumento a la tarifa del servicio, lo cual beneficiaría a miles de personas diariamente, explicó Ignacio Rodríguez, vocero del Movimiento Nacional Taxista.

En una manifestación en el Zócalo, que fue encapsulada por granaderos, consideró lamentable que no se sancione y/o suspenda a los vehículos de esas empresas trasnacionales que, sin mediar diálogo alguno con las autoridades, subieron hasta 15 por ciento su tarifas y no cubren ningún derecho a los que sí están obligados alrededor de 140 mil taxistas autorizados en la ciudad.

Hasta el momento, dijo, se han hecho de la vista gorda en ambas materias y en el cumplimiento de las disposiciones legales que norman su servicio, y en transparentar cuánto es y dónde está el dinero recibido por el 1.5 por ciento de cada viaje que realizan, y que debe depositarse en el Fondo de Movilidad.

Asimismo, se debe aclarar el monto acumulado por el cobro de validación vehicular que cobra a Uber y Cabify, que no se consigna en la Secretaría de Finanzas, por lo cual pedimos que se nos ofrezca un paquete adicional de descuentos fiscales, que pueden sumar hasta 10 mil pesos que dejaría de gastar cada taxista, dijo.