Nueva York.

Si no puede pagarse un abogado, tiene derecho a uno de oficio. La frase no parece hecha para Joaquín El Chapo Guzmán, el supuesto líder multimillonario del cártel de Sinaloa, que en la actualidad está siendo defendido en Nueva York de cargos de tráfico de drogas por un abogado de oficio.

Los fiscales del distrito este de Nueva York han pedido a la corte que analice si El Chapo no puede permitirse pagar un abogado privado, ya que, aseguran, es necesario averiguar si los contribuyentes estadunidenses están pagando de forma innecesaria la defensa del líder de la mayor y más prolífica organización de tráfico de drogas del mundo.

Guzmán, que logró escaparse en dos ocasiones de penales de alta seguridad, fue extraditado hace unas dos semanas a Estados Unidos desde México. Está acusado de dirigir un cártel de drogas con miles de integrantes, que obtiene ganancias por miles de millones de dólares.

En una carta dirigida al juez Brian Cogan, los fiscales aseguran que el análisis sobre la situación financiera de El Chapo está justificado debido, entre otras cosas, a numerosos reportes sobre su supuesta enorme riqueza. Tal como indica la acusación, Guzmán estuvo involucrado en el tráfico de al menos 250 toneladas de cocaína en cargamentos destinados a los Estados Unidos, de los cuales sólo una parte fueron incautados. Esa cocaína está valorada en miles de millones de dólares, dice la carta.

Cuando la oficina de los fiscales fue contactada por The Associated Press para saber si a Guzmán se le permitiría pagar un abogado privado con dinero obtenido de la venta de droga, la respuesta de los portavoces fue que rechazaban comentar sobre el asunto.

Los fiscales Robert Capers y Arthur Wyatt también aseguran en su carta que los abogados de oficio de El Chapo, del grupo Federal Defenders, representaron en la corte en el pasado a dos individuos que podrían ser testigos del gobierno durante el juicio de Guzmán Loera, además de a otros tres cómplices del capo mexicano. Eso, afirman, podría suponer un conflicto de intereses. Los fiscales no mencionan a los individuos por su nombre.

Capers y Wyatt dicen que si la corte dictamina que Guzmán Loera no puede pagarse un abogado privado, habría que fijar una audiencia para analizar ese posible conflicto de intereses y asegurar que el acusado está enterado de ello.

Por su parte, Michael Schneider, el abogado de oficio del capo, dijo en un mensaje de correo electrónico enviado a la Ap que es difícil que su cliente contrate a un defensor privado porque permanece en una celda de aislamiento 23 horas al día y no se le ha permitido hacer llamadas o reunirse con sus familiares. La decisión de contratar a un abogado suele hacerse junto a parientes, tras una larga consideración. Al señor Guzmán no se le ha permitido hacer esto, dijo Schneider.

Respecto del posible conflicto de intereses que alegan los fiscales, Schneider comentó que es infundado.

Las autoridades han pedido que Guzmán Loera comparezca en la corte el viernes a través de una videoconferencia desde la prisión donde se encuentra en Manhattan, pero Schneider pidió el lunes que se permita que su cliente esté físicamente presente en la corte para asegurar que el proceso judicial sea justo.