Buenos Aires.

Utilizando nuevamente un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el gobierno del presidente argentino, el derechista Mauricio Macri, modificó la ley de migraciones que impone un muro simbólico a la inmigración, con el argumento falso de responsabilizar a migrantes de la delincuencia y el narcotráfico, mientras se prepara un avance sobre la justicia independiente, para lo cual ya se elaboró una lista de jueces a los que se intentará separar de sus cargos.

Por otra parte, organismos humanitarios y políticos, incluyendo partidos aliados de la oficialista alianza Cambiemos, exigieron la renuncia del jefe de Aduanas, el ex militar Juan José Gómez Centurión, quien aseguró que durante la última dictadura cívico militar (1976-1983) no hubo un plan sistemático para la desaparición de personas, sino una reacción desmedida en el contexto de una guerra, y que no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras, es decir, niega que existan 30 mil desaparecidos.

El premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, recordó que Gómez Centurión fue cómplice de la pasada dictadura y ocupó también cargos cuando el actual presidente Macri fue intendente de la ciudad de Buenos Aires. No sólo fue un genocidio, sino un atentado contra la humanidad, sostuvo, y añadió que este gobierno intenta demoler la defensa de los derechos humanos y la memoria.

Las reacciones fueron generalizadas y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo pidieron la renuncia de Gómez Centurión; también protestaron figuras importantes del principal socio de Cambiemos, la Unión Cívica Radical, y la Coalición Cívica, encabezada por la diputada Elisa Carrió.

El decreto promulgado este lunes endurece los controles migratorios y prohíbe el ingreso y permanencia de extranjeros en Argentina cuando presenten documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada, omitan informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas y/o requerimientos judiciales o de fuerzas de seguridad, y quienes estén vinculados a delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.

El nuevo decreto, dirigido en especial contra los migrantes de los países vecinos, fue denunciado por diversas instituciones humanitarias internacionales. Amnistía Internacional señaló que como todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y para ello hace falta un juicio, la medida implica que basta una sospecha judicial para expulsar a un extranjero que hasta ese momento es inocente.

Advirtió también que el decreto viola compromisos adquiridos en el marco de la Declaración Política Internacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde se adhirió a la decisión de algunos gobiernos de eliminar políticas migratorias discriminatorias y selectivas que afectan los flujos migratorios en la región.

Avance sobre la justicia

El gobierno de Macri mantiene una lista de fiscales y jueces que quiere separar de sus cargos, encabezados por el magistrado Eduardo Freiler, quien está en la lista negra de jueces del macrismo desde el día uno, lo que confirmaron fuentes de los poderes Ejecutivo y Judicial al diario Perfil.

Analiza este medio que con Freiler fuera de la sala I, el gobierno tiene la posibilidad de elegir candidatos para dos vacantes, la de Freiler y otra, y así tendría dos camaristas (magistrados) propios, el control sobre la sala I, que falla en causas centrales contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios. La Cámara Federal porteña es uno de los tribunales más codiciados del Poder Judicial.

Añadió que controlar la Cámara permite al poder político, al económico y a los servicios de inteligencia alinear a su necesidad las decisiones de los jueces, apartarlos o confirmarlos en sus causas, y sentenciar la muerte de un expediente sensible para el poder en turno.

En la lista figuran también Sebastián Casanello, que investiga las cuentas offshore de Macri, y el juez Daniel Rafecas.