Con la aprobación de establecer en la regulación sobre uso de suelo la obligación de los dueños de desarrollos inmobiliarios de pagar una compensación monetaria para mitigar el impacto urbano-ambiental y mejorar el equipamiento urbano, la infraestructura vial, hidráulica y el espacio público, concluyeron ayer los trabajos de la Asamblea Constituyente para la redacción de la constitución de la Ciudad de México, que se prevé será promulgada el próximo 5 de febrero, y entraría en vigor el 17 de septiembre de 2018.

Luego de que en la madrugada de ayer el pleno había desechado elevar a rango constitucional dicha obligación para las inmobiliarias, que estaba incluida en el numeral 8, apartado C, del artículo 21, finalmente la Constituyente aprobó e incluyó el pago de una compensación por mitigación en el apartado D, del numeral 7 del mismo artículo.

El enunciado establece que la ley determinará las fórmulas y criterios para la aplicación de los recursos obtenidos en condiciones de equidad, transparencia y rendición de cuentas.

La diputada de Morena Elvira Daniel señaló que ella fue quien impulsó que se rescatara el cobro por mitigación y quedara constitucionalizado en dinero, por metro cuadrado y que se aplique en el lugar que se afecta.

En entrevista, señaló que ella incluso votó en favor de que dicha figura quedara asentada en la constitución, luego de los ataques que recibió de diputados y el presidente local del Partido de la Revolución Democrática, Raúl Flores García, por lo que se había desechado durante la madrugada.

Por otro lado, quedó plasmado en el texto constitucional que las obras tanto privadas como del gobierno deberán privilegiar el interés público.

Aunque fue desechado el impuesto por propiedad inmobiliaria ociosa y la prohibición de las prácticas de segregación social en el desarrollo o gestión urbana, incluido en el apartado 9, lo cual fue fuertemente criticado por Morena.

En su última sesión, el pleno de la Asamblea Constituyente aprobó cinco apartados de los artículos 21 y 51, este último relacionado con la integración de los consejos ciudadanos y facultad para proponer a los titulares de los organismos autónomos de la administración pública local, así como el preámbulo de la carta magna local y el articulado transitorio.

Fue precisamente este último tema el que provocó el debate más ríspido de la sección, que inició cinco horas después de lo acordado, toda vez que se había excluido del documento original que la carta magna de la Ciudad de México era posible gracias, entre otros aspectos, a la resistencia permanente al poder autoritario, lo cual fue condenado por diputados como Jaime Cárdenas y Miguel Ángel Velázquez, quien criticó que se pretendiera guardar silencio, cuando cae sobre el país la amenaza del autoritarismo.

Al final, el preámbulo fue aprobado con 78 votos en favor, tres en contra y una abstención, cuando la frase polémica fue sustituida por la de es la culminación de una transición política de inspiración plural y democrática.

Al concluir los trabajos, el PRD garantizó a los habitantes de la Ciudad de México que impedirá en todo momento nuevos impuestos o su ampliación, y acusó de mentiroso al senador panista Roberto Gil Zuarth por difundir en redes sociales que el gobierno de la ciudad creará más gravámenes.