El servicio privado de agua potable se caracteriza por ser malo, caro y recortar el suministro a la población, pese a que es un derecho humano. Actualmente, la dotación del líquido se ha privatizado en cinco entidades, pero hay al menos dos casos donde el proceso se revirtió: la ciudad de Ramos Arizpe, en Coahuila, y el estado de Baja California.

De acuerdo con ciudadanos que se han organizado contra la privatización del servicio de agua potable, este proceso se ha realizado con dificultades en las ciudades de Aguascalientes, Puebla y municipios aledaños de Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad, Quintana Roo, así como en Saltillo y Ramos Arizpe, en Coahuila, y en el puerto de Veracruz y Medellín, en Veracruz.

En el mundo hay 235 ciudades donde el servicio se privatizó y se revirtió, indicó Elena Burns, de la organización Agua para Todos.

El primer caso de privatización en el país ocurrió en la ciudad de Aguascalientes, con el esquema de concesión en 1993; sin embargo, a pesar de los compromisos de modernización y mejor calidad del servicio que la empresa prometió, lo que hubo fueron aumentos en el precio de las tarifas, se elevó a 95 por ciento la población que debe adquirir agua embotellada y 84 por ciento almacena el líquido, debido a la falta de dotación, explicó el investigador Raúl Pacheco.

En 2001 se formó Aguas de Saltillo, con la participación de la empresa Aguas de Barcelona, para dar el servicio en esta ciudad, donde lo primero que se hizo eficiente fueron los cobros y los recortes, que implican altos costos para la población, ya que el precio de la reconexión es elevada.

Esa empresa después buscó implantar el mismo esquema en Ramos Arizpe, donde, de entrada, elevó las cuotas y se homologaron con las de Saltillo (subieron 30 por ciento), pero la protesta de la población hizo que el proceso se revirtiera, lo que dio paso a una empresa paramunicipal, en la que 99 por ciento de las acciones pertenecen al municipio, explicó en entrevista, Argentina Orta, habitante de esa ciudad.

En cuanto a los casos de Cancún e Isla Mujeres, desde 2003 el servicio está bajo control de la empresa Aguakan, con acciones de Peñoles y la trasnacional Suez, así como del Grupo Mexicano de Desarrollo; sin embargo, sin consulta previa, en 2014 se agregó al municipio de Solidaridad, donde no está permitida la privatización, explicó Orta. Además, se amplió por nueve años la concesión, cuando aún no vencía. El servicio da mucho que desear y hay maltrato a la población, además de que presuntamente el ex gobernador Roberto Borge recibió mil 80 millones de pesos, cuyo destino se desconoce.

En tanto, en Puebla, el proceso se dio en 2013 sin consulta a la población ni estudios previos. Las tarifas se elevaron hasta 500 por ciento en algunas zonas; hay mala distribución del líquido, ausencia de inversiones y aumento del tandeo, indica en un análisis María Eugenia Ochoa, habitante de la ciudad.

En Veracruz y Medellín, parte de la zona metropolitana del puerto, se repiten los mismos problemas. Se estableció la empresa mixta Grupo Metropolitano de Agua y saneamiento, con participación de Suez y Obedrecht.