usticia que no es rápida y expedita, no es justicia. El daño a la personalidad, a la reputación, al buen nombre e integridad laboral ya está hecho aunque el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) se haya manifestado en contra de la falsa acusación de la Secretaría de la Función Publica (SFP), pronunciándose en favor de Víctor Ugalde, ex secretario ejecutivo del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), en el tercer y último juicio sobre supuestas irregularidades, que a decir del ex titular del órgano interno de control (OIC) en el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), se habían cometido en el Fidecine. La resolución salió con el consabido no hay delito que perseguir y el clásico usted disculpe por las molestias ocasionadas.

Después de más de ocho años de litigio se cayeron las acusaciones infundadas por el OIC del Imcine, cuando la parte acusadora solicitaba 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. En los hechos, por lo mal diseñada que estaba acusación de la SFP y por la carga burocrática del TFJFA, casi se cumplió. Fueron ocho años de angustia y gastos extraordinarios.

Así resumo las tres resoluciones en mi favor por la acusación infundada de un supuesto daño al erario federal, superior a 22 millones de pesos, cuando fui secretario ejecutivo del Fidecine, de 2001 a 2009.

Mi caso, es cosa cotidiana en el país, y se puede resumir en un exceso más de funcionarios sin escrúpulos que, abusando de su puesto y en venganza personal, emiten acusaciones sin fundamento y son avalados por la SFP en afán de encontrar malos manejos donde no hay, pero aparentemente hay que dar resultados por lo costoso del aparato burocrático, aunque los funcionarios que realmente delinquen anden libres, como pasa con algunos gobernadores y los miembros de sus gabinetes. ¿Cuándo fincaran responsabilidades por la casa blanca o a la Estela de Luz?

El tiempo que manejé el Fidecine lo dejamos en uno de los primeros lugares de mecanismos con representación social por la transparencia, inclusión, democratización y respeto a las decisiones conjuntas, como afirmó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en una auditoría realizada en 2008, y aun así nos fincaron responsabilidades.

Fue un abuso por parte del señor José Luis Rodríguez, ex contralor del OIC en el Imcine, secundado por los representantes de la SFP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tal y como se denunció oportunamente en una nota publicada en La Jornada en 2009. Esta tríada quería realizar cambios a las reglas de operación para burocratizarlo y volverlo casi inoperante, ambición a la cual yo me oponía fuertemente. Cansado renuncié en junio de 2009 y en unos meses empezaron a llegar las demandas del OIC.

La justicia, mala y lenta, sirvió durante este tiempo para ser golpeado por diversas personas e intereses. Así sucedió en 2014 cuando apareció en los diarios la inhabilitación de Marina Stavenhagen y supuestamente la mía. Ahí se manejo que se pedían 10 años de inhabilitación y una multa de 12 millones de pesos. A su decir, ambos éramos acusados de negligencia administrativa, lo cual era falso.

En ese momento ya tenía ganados dos de los tres juicios, pero no lo sabía, pues si la justicia es lenta aún más son las notificaciones de los casos positivos. Les gané desde 2013 y me notificaron hasta 2015. Se tardaron más de dos años para decirme usted disculpe, con respecto a las películas Tres y El baúl de Mario. Según me quitaron de la lista de los castigados, pero me mantuvieron por el caso de Imcine, donde se me acusaba de no cobrar un pagaré de 10 millones más recargos. En su momento me negué a ejecutarlo, ya que el sujeto de apoyo, Luis Kelly, devolvió parte de los cines y el Fidecine los tiene desde entonces en resguardo (estructuras, lonas, aparatos de cine, auto y sonido). Cómo castigarlo si estaba cumpliendo con el contrato y el comité técnico (CT) no había girado la orden para ello.

En ese momento la acusación era parte de una guerra sucia por las constantes denuncias en contra que venía haciendo respecto de la condición del cine mexicano, y los recortes presupuestales por parte de la SHCP. Ahí se daba por hecho la inhabilitación cuando en realidad estábamos en un litigio, ya que la Constitución nos garantiza que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario; ya ven, siempre fui inocente.

Así se desmintió a todos los periodistas en su momento, pero el golpeteo no paró a pesar del apoyo de la comunidad fílmica

En el Fidecine las decisiones las toma un órgano colegiado, con mayoría de integrantes de la cadena productiva cinematográfica; el gobierno es minoría. Este diseño siempre ha irritado al Ejecutivo, ya que no puede gobernar fuera de las RO ni puede apoyar a sus cuates, así que cada vez que el OIC presentaba algo fuera de la ley o del sentido común, generalmente se rechazaba.

En ocasiones el OIC quería que persiguiéramos a diversos cineastas, porque a su decir habían cometido faltas administrativas, como no informar sobre el resultado de su corrida en sala, información que tardan en entregarles las distribuidoras. En su oportunidad demostré que la información se recibía lunes a lunes por medio de Nielsen, y antes de que el cineasta mandara el reporte ya sabíamos si podría existir algún regreso por ese concepto. En su delirio por castigar a los cineastas, el OIC empezó a negociar y a torcer la ley favoreciendo a algunos y tratando de perjudicar a otros.

La situación llegó al extremo de que frenaron las sesiones ordinarias de 2008 y no acudieron hasta que el CT aceptó reformar las RO. En la sesión de junio, José Luis Rodríguez se atrevió a pedirle al CT que me dieran facultades por encima de la ley para acusarme. El CT se negó y los amenazó con fincarles responsabilidades. Días después pidió que se quitara esa acción del acta de la sesión, pero afortunadamente tengo el audio de lo que realmente pasó. De todo se informó puntualmente a la SFP, que hizo caso omiso.

Tiempo después apareció una nota en El Universal, donde un cineasta se jactó de que el titular del OIC se había comprometido a solucionar su caso por encima de lo que marcaban las RO. Hecho que ocasionó su separación del Imcine, aunque después fue contratado por Canal 22, donde trató de hacer lo mismo y fue separado en la época de Raúl Cremoux.

Oficialmente no se me ha quitado del padrón de inhabilitados, me imagino que si se repiten los mismos tiempos de los juicios anteriores será hasta dentro de dos años, ya que la burocracia de la SFP es tremenda.

Si hoy estoy enterado de que gané el tercer juicio se debe a que en junio se me apareció el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para exigirme cubrir un crédito fiscal por más de 12 millones. Imagínense, de dónde sacaría ese dinero. Si lo tuviera ya hubiera hecho una película de autor sobre los huicholes y cómo los canadienses quieren acabar con sus sitios sagrados. Le pedí unos días antes del aseguramiento y fui al TFJFA para descubrír que el asunto estaba ganado, pero no podían entregarme el documento que lo acreditaba, ya que estaba en proceso de firma. Me pasé varios meses insistiendo sobre el documento y lo logré apenas hace unos días, inmediatamente lo presenté al SAT y este diciembre me acaba de informar que me liberó del supuesto adeudo administrativo.

Hasta la fecha no he sido notificado que la SFP me haya rehabilitado, menos que vaya a castigar al funcionario abusador y mucho menos habrá reparación del daño. Así es la justicia en México.

Después de este penoso periplo que viví, ya sé para qué sirve la SFP. Sirve para proteger a los grandes y perseguir las voces disidentes. Lo mejor que se podría hacer sería desaparecerla y usar su presupuesto para incrementárselo al sector cultura, que sufrió un recortón de más de 37 por ciento para 2017. Los beneficios para el país serían muy buenos, ya que el arte y la cultura siempre nos ha engalanado, como nuestro cine, por ejemplo.