Huixquilucan, Méx.

En años recientes, autoridades, empresarios y otros particulares compraron ilegalmente mil 293 hectáreas en esta localidad y ahora el comisariado de bienes comunales pretende regularizar su posesión y obtener el reconocimiento como zona urbana; sin embargo, la propuesta ha dividido a los comuneros que se dicen herederos de estas tierras, asignadas por decreto presidencial en 1943.

Los terrenos comprados forman parte de las 4 mil 165 hectáreas que constituyen el decreto y quienes se dicen propietarios y no son comuneros, de nada son dueños. Los legítimos poseedores son 630 comuneros que tienen el reconocimiento legal ante el Registro Agrario Nacional (RAN), dijo Guillermo Pantaleón Erendo, presidente del comisariado de bienes comunales.

Dentro de las hectáreas vendidas, precisó, se encuentran la cabecera municipal, 20 pueblos y cinco barrios o cuarteles (San Melchor, San Miguel, San Martín, San Juan y Santiago).

Hasta el edil le entró al negocio

Hasta el alcalde panista Enrique Vargas del Villar, le entró al negocio. En 2016, al iniciar su gobierno, adquirió 4 mil metros cuadrados donde construye un rancho; en un predio el ayuntamiento edifica una estación de bomberos y una clínica, en otro se hizo una alberca municipal. Hace tres años el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (Suteym) adquirió mil 700 metros en el barrio San Juan, donde construyó su sede.

En entrevista, el alcalde confirmó haber pagado 600 mil pesos a una señora que tiene escrituras desde hace 30 años. Estoy en proceso para legalizarlo con el notario público, refirió. Los terrenos no se los compré a los comuneros. Yo soy empresario y cuando quieras te enseño las escrituras del predio, dijo.

El presidente del comisariado, en tanto, detalló que al menos 70 mil personas habitan irregularmente la superficie comercializada sin escrituras. Aunque mucha gente piensa que es propietaria porque tiene un contrato de compra-venta notariado, no está incluida dentro de los bienes comunales. Aquí se mantiene vigente el decreto presidencial del 24 de febrero de 1943, mediante el cual se asignaron 4 mil 165 hectáreas comunales a los naturales de Huixquilucan, destacó el representante de los comuneros.

Por décadas, dijo, se violentaron los artículos 99 y 100 de la Ley Agraria que prohíbe la venta de bienes comunales, sin considerar al máximo órgano de representación, que es la asamblea agraria. Sólo ésta puede modificar el uso y destino de las tierras.

Según el artículo 99, capítulo 5, de la Ley Agraria, existe protección especial a las tierras que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad (mercantil o civil, constituida por los comuneros) en los términos del artículo 100, se estipula que la comunidad determinará el uso de sus tierras para beneficio común.

Otra forma de desincorporar las tierras comunales, dijo Pantaleón Erendo, podría ser por expropiación gubernamental, pero igual debe existir el aval de la asamblea de comuneros.

Para que las tierras vendidas hubieran dejado de ser comunales, destacó, se tendría que dar cumplimiento a lo que marca la ley referida y promover un juicio ante la Procuraduría Agraria, que tiene la atribución de reclamar las tierras e iniciar las demandas respectivas, pero eso sería un camino tortuoso y desgastante, añadió el informante.

Regularización polémica

En 2016 el comisariado propuso a la asamblea de comuneros regularizar las tierras para dar certidumbre a 70 mil habitantes e iniciar el juicio ante el Registro Agrario Nacional. La iniciativa consiste en contratar a una empresa privada con bufete jurídico, ingenieros, arquitectos y topógrafos para realizar los trámites de regularización, el trazo de las manzanas, la cartografía y elaborar el expediente de cada uno de los lotes a regularizar, explicó Pantaleón.

En concreto, se propone regularizar 407 hectáreas de la cabecera municipal, 338 del cuartel de Zacamulpa; 157, de San Juan Yautepec; 77, de Ignacio Allende; 72, de Cerrito; 58, de la comunidad El Palacio; 56, de Laurel; 52, de Cima y La Cañada; 44, de Piedra Grande, 15, de San Ramón, y 13, de Xiguru, para empezar.

Con el proceso, 630 comuneros, la mayoría adultos mayores en situación de pobreza, podrían obtener ingresos de millones de pesos y realizar el último usufructo de sus tierras.

Pantaleón sostuvo que al menos mil 293 hectáreas podrían regularizarse y otras 2 mil 872 –que forman parte de la reserva ecológica del Parque Nacional Miguel Hidalgo– ser explotadas forestalmente. Así habría ingresos adicionales para los comuneros, aseguró el representante.

Más vale un mal arreglo...

En el lustro reciente aumentó la venta ilegal de tierras, lo cual inconformó a los comuneros, por lo cual algunos interpusieron amparos y detuvieron obras en un edificio del Suteym y del municipio.

Si bien la asamblea de comuneros se desistió de iniciar litigios contra los compradores, pues hubo venta voluntaria de los poseedores de las parcelas, llegaron a ciertos acuerdos al extender oficios de autorización para ocupar los predios y se fijaron beneficios para los labriegos.

El Suteym acordó pagar 60 mil pesos por el permiso de ocupación de tierras comunales, y se comprometió a financiar festejos anuales de la comunidad.

La alcaldía enfrentó otra demanda por la construcción de una alberca; ahora el municipio proyecta construir una central de bomberos, un espacio para la Cruz Roja, un dispensario médico y otros inmuebles. Asimismo, un auditorio para los comuneros a quienes les entrega despensas y paga 500 mil pesos mensuales por la renta de espacios en el auditorio comunal.

Empresarios de Jardines de Vida Eterna compraron 27 hectáreas en Llano Grande, pero no pudieron escriturar. Finalmente acordaron el pago de un millón de pesos a ex representantes de bienes comunales, más 500 mil pesos, pero aún no las ocupan porque un grupo disidente se amparó y el proyecto de un panteón está detenido, comentó Pantaléon Erendo.

Los disidentes

Los inconformes acusaron a Pantaléon Erendo de organizar fiestas donde corre el alcohol, mientras los comuneros reciben migajas por sus bienes. Le exigen que rinda cuentas claras y lo acusan de intentar la desincorporación de las 4 mil 165 hectáreas de la comunidad para consolidar proyectos urbanos y de gobierno.

Los disidentes lograron en octubre pasado reventar la asamblea en que se sometería a votación la regularización de tierras, pero Pantaleón interpuso una demanda penal contra varios comuneros por causar daños al auditorio comunal y agredir a la mesa organizadora.

Los disidentes advirtieron que Pantaleón aprovecha que la mayoría de los comuneros ya son ancianos para sacar ventaja, y no avalarán los pocos beneficios acordados con el sindicato, la alcaldía y otros particulares que construyen en tierras comunales.

Los disidentes indicaron que Pantaleón cuenta con el apoyo del alcalde Vargas del Villar para regularizar la venta de terrenos, además el nombramiento del comisariado ha sido impugnado y no puede ejercer funciones de presidente de bienes comunales.

En oficio dirigido al edil panista, en julio pasado, los comuneros disidentes le exigen dejar de otorgar licencias de construcción en bienes comunales y prevenir y evitar asentamientos ilegales. Hay gran preocupación por el crecimiento urbano sin control, por la venta de tierras hasta en zonas ecológicas, dijo un comunero que pidió el anonimato.

Botín para desarrolladores

Huixquilucan es un municipio de contrastes, integrado por tres regiones: Interlomas, la zona privilegiada y de elevada plusvalía; las comunidades populares, y la región de los pueblos originarios.

Las tierras de la región tradicional son deseadas por grandes inmobiliarias, donde el metro cuadrado cuesta hasta 10 mil pesos, aunque los empresarios venden los inmuebles en dólares, como sucede en Interlomas.