La defensora de derechos humanos María Luisa García Andrade denunció ayer un atentado en su contra y responsabilizó al gobierno federal, por sus omisiones, de lo que pudiera ocurrirle. La escolta con la que viajaba no supo resguardarla, las autoridades la culparon de lo sucedido, insisten en que fue un asalto y la fiscal para delitos contra mujeres no le responde.

La hija de la activista Norma Andrade cuenta con medidas cautelares, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2008. Ha recibido múltiples amenazas y en 2011 incendiaron su vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su hermana, Alejandra, fue víctima de feminicidio en 2001 y a partir de esa tragedia su madre fundó la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

En conferencia de prensa, exigió que la Secretaría de Gobernación (SG), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la Dirección de Escoltas de la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometan a atender su caso.

El atentado, informó, ocurrió la noche del jueves en Toluca, estado de México. Cuando circulaba a bordo de una camioneta, que manejaba su escolta, desde otro auto alguien les disparó. El custodio confundió el impacto con una pedrada, dejó que ella se bajara a revisar y cuando se dieron cuenta de lo que había pasado no supo dónde llevarla.

María Luisa GarcíaFoto Yazmín Ortega Cortés

Asesorada por la activista Mar Cruz, se trasladó con su escolta al aeropuerto de Toluca, el lugar más cercano con policías. Ahí llegó un agente de la PGR, cuando le dije quién soy, me echó la culpa por andar tan tarde.

La comunicó con la subprocuradora para la atención de delitos vinculados a la violencia de género, del estado de México, Dilcya García Espinoza, quien dijo que fue un intento de asalto, y que volviera a su casa.

García Andrade llamó a los contactos que el gobierno le proporcionó de la SG y la Fevimtra y nadie le contestó. Pinche gobierno, no te ayuda, sólo tratan de minimizar el maldito problema, reprochó.

El viernes, ya más encabronada que asustada, recibió un mensaje desde un número telefónico del estado de México. En él la amenazaron de muerte a ella y a sus hijos y le advirtieron: aquí no te queremos.