El juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, desechó –por resultar notoriamente improcedentes– 50 demandas de amparo promovidas contra el aumento a los precios de las gasolinas.

Esta es la primera resolución en torno a las solicitudes de amparo que se han presentado en todo el país contra el gasolinazo. En ese contexto, ya suman más de 3 mil recursos promovidos ante el Poder Judicial de la Federación, y particularmente en este juzgado con sede en la Ciudad de México se han acumulado más de 400 peticiones.

El Consejo de la Judicatura Federal difundió la resolución del órgano jurisdiccional, en la cual señala que que la causal de improcedencia encuentra sustento en el artículo 61, fracción 23, de la Ley de Amparo, y que decidió en cumplimiento del derecho humano de pronta y expedita impartición de justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución, pues los motivos de improcedencia no podrían ser desvirtuados, ni aun con la tramitación del juicio.

La juez Silvia Cerón Fernández sustentó su fallo en jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que la rectoría económica del Estado en el desarrollo nacional, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no otorga a los gobernados garantía individual alguna para exigir, a través del juicio de amparo, que las autoridades adopten ciertas medidas, a fin de cumplir con los principios relativos a aquélla.

Sostuvo que la rectoría económica del Estado en el desarrollo nacional, los artículos 25 y 28 constitucionales, que establecen los principios relativos, no otorgan derechos a los gobernados, tutelables a través del juicio de amparo, para obligar a las autoridades a adoptar determinadas medidas.

La sentencia precisa que las políticas de Estado sólo pueden ser instrumentadas por una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental; y que ello constituye un obstáculo jurídico que impide instruir a los órganos de Estado, señalados como autoridades responsables, para adoptar ciertas políticas públicas o medidas de carácter económico, pues sería tanto como sustituirse en la competencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Señaló que no corresponde a un juzgado imponer una obligación a los expendedores de gasolina para que cobren los productos que venden bajo determinados precios, ya que esa es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional.

Concluyó que estos reclamos no pueden ser dirimidos por el Poder Judicial, porque el juicio de amparo no es la vía idónea para decidir si es correcta la política pública en materia económica, implementada por uno de los poderes de la Unión.

Al respecto, el consejero jurídico del Gobierno capitalino, Manuel Granados Covarrubias –promotor de algunos de los recursos–, consideró que esta resolución carece de firmeza. Aclaró que lo que se exige es que la autoridad explique la metodología sobre la cual definió establecer costos diferenciados por zonas para el diésel y la gasolina, no nuevas legislaciones en materia económica y de política pública, ni modificar la rectoría económica del Estado.

Dijo que sentimos que se están saliendo por la tangente; a la fórmula que nadie entiende y que define los precios de los combustibles se suma un criterio que no corresponde al fondo de nuestro amparo.

Adelantó que en breve se dará a conocer la ruta legal que tomará el Gobierno capitalino. Seguiremos dando la lucha, porque es inadmisible que siempre la paguen quienes menos tienen; la decisión del Poder Judicial de la Federación no es definitiva y, como ha reiterado el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, iremos hasta el final y hasta donde tope.

Recordó que los juicios promovidos por el Gobierno de la Ciudad de México buscan dejar insubsistentes los acuerdos que crearon las modificaciones en los precios de las gasolinas y el diésel y volver a los que se tenían en 2016.