Cada año más de 22 millones de mujeres, casi todas en países en desarrollo, tienen un aborto inseguro por carecer de servicios adecuados, según la organización Ipas. Y en México esa es la cuarta causa de muerte materna, señaló Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).

En un contexto en el que Donald Trump dio un primer paso en su política antiaborto, en este país las garantías sexuales y reproductivas de las mujeres podrían ser afectadas de manera simbólica, coincidió Tamés con María Consuelo Mejía, directora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

El pasado lunes, en su cuarto día como presidente, Trump firmó un decreto para recuperar una antigua ley que desde 1984 los demócratas desechan y los republicanos retoman. Esa enmienda prohíbe a las organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos financiar a otras agrupaciones extranjeras dedicadas a asesorar sobre aborto.

Si bien las organizaciones mexicanas no dependen de ese apoyo, los grupos religiosos y de ultraderecha se sentirán legitimados, apuntó la abogada Tamés.