Brasilia.

Siete de los 16 miembros de un organismo dependiente del ministerio brasileño de Justicia, incluido su presidente, presentaron este miércoles su renuncia al acusar al gobierno de recurrir a una política represiva ineficaz y populista para enfrentar la crisis carcelaria.

Los dimitentes del Consejo Nacional de Política Nacional y Penitenciaria (CNPCP) responsabilizan al gobierno del conservador Michel Temer, y en particular a su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, de planear la atribución de recursos y efectivos de las fuerzas armadas para ocuparse de un problema carcelario y social.

Recuerdan que Moraes afirmó el año pasado que el país debía destinar menos recursos a las investigaciones e invertir a cambio en equipos de inteligencia y bélicos para enfrentar el problema de la inseguridad en uno de los países más violentos del mundo.

Esa frase paradigmática es inaplicable en cualquier lugar que incluya instancias y políticas públicas y que traten, de manera ponderada, de resolver los complejos problemas de un país cuyo carácter secular es la desigualdad y la marginación de parte de su población, subrayan los renunciantes en una carta difundida por los medios.

Los motines carcelarios y los enfrentamientos entre presos de bandas que se disputan el tráfico de drogas en Brasil ha dejado cerca de 140 muertos desde principios de año.

La gota que derramó el vaso, según especialistas, fue un proyecto de ampliación del CNPCP, considerado por sus miembros como prueba de desconfianza.

El ministerio negó esas acusaciones e indicó que los renunciantes se identificaban con la gestión anterior, del gobierno de izquierda de Dilma Rousseff, quien fue destituida el año pasado por el Congreso.

El descalabro penitenciario no es de hoy, sino de hace décadas, pero se fue acentuando en los últimos 14 años, periodo que corresponde a los gobiernos de los presidentes de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva y Rousseff, indicó la asesoría de prensa del ministerio en un comunicado.

El CNPCP es una entidad de carácter consultivo con integrantes del Poder Judicial y de la sociedad civil, que da sus pareceres en la elaboración de políticas penitenciarias y de lucha contra la criminalidad.

Entre los siete renunciantes figura su presidente, el abogado y profesor de derecho Alamiro Velludo Salvador Netto.

En otro asunto, la esposa de Lula, Marisa Leticia, se encuentra hospitalizada en cuidados intensivos tras sufrir un derrame cerebral, informó el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo.

Marisa Leticia fue ingresada el martes por un aneurisma. Según la página de Internet del diario Estado de Sao Paulo, la mujer, de 66 años, está en estado crítico y en coma inducido.

Estamos haciendo fuerza para que se recupere pronto, escribió Lula en un tuit.