Bogotá.

El jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño (también conocido como Timochenko), dijo este miércoles que si el gobierno de Colombia no instala inmediatamente infraestructura necesaria donde los guerrilleros se ubicarán para dejar progresivamente las armas, hay que replantear la fecha en que se concentrarán en los 26 puntos del país denominados zonas veredales.

En el acuerdo de paz firmado en noviembre por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC se estableció que para el pasado 31 de diciembre los guerrilleros debían estar concentrados en las zonas veredales, donde dejarán progresivamente las armas bajo la vigilancia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, el proceso se vio retrasado por problemas logísticos y la semana pasada el gobierno informó que las FARC se comprometieron a estar concentradas en las zonas de desarme para el 31 de enero. En el caso de que el replanteamiento de Londoño se materialice, constituiría una segunda postergación.

“Mientras las @FARC_EPueblo estamos cumpliendo rigurosamente lo acordado, el gobierno no lleva infraestructura a las #ZonasVeredales”, escribió también en la red social el líder de las FARC.

Londoño detalló que en al menos tres de los 26 puntos de concentración no hay nada construido; en otro no está lista ni 10 por ciento de la infraestructura, en uno más no hay agua y en otro no existen siquiera conexiones de cañería.

Las partes habían acordado que el gobierno daría los insumos a las FARC para construir los campamentos.

Según el gobierno, los guerrilleros están agrupados en 45 lugares del país a la espera de trasladarse a los sitios definitivos de concentración.

En este contexto, el fiscal general Néstor Humberto Martínez informó que el Clan del Golfo, principal banda criminal de Colombia, está reclutando disidentes de las FARC en la zona de Ituango, en el norte de Antioquia. Eso está alimentando la disidencia de las FARC, aseguró.

El fiscal sostuvo que “hay una expansión inusitada del Clan del Golfo por la movilización de los guerrilleros, que se preparan para el desarme y la reincorporación a la vida civil.

Según Martínez, esta organización criminal busca apoderarse del negocio del narcotráfico y de la minería ilegal en el departamento de Antioquia y en el sur de Córdoba. El Estado debe actuar mucho más rápidamente, agregó.

El gobierno, que ha estimado que 5 por ciento de las FARC no se acogerán al proceso de paz y se volcarán a la delincuencia, ha reiterado que los disidentes no podrán acceder a los tratos penales especiales previstos en el acuerdo de paz.