Al reunirse con la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo (Amcateum) –instancias que resolverán en lo administrativo los casos graves de presunta corrupción–, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, destacó la necesidad de que, en colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se impulse la homologación de leyes estatales con la legislación federal que permitió la integración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Durante una reunión privada, Gómez y los magistrados coincidieron en lanzar una agenda común para profesionalizar el proceso de instrumentación del SNA, lo cual consideraron condición indispensable para que este nuevo esquema de combate sea realmente una operación exitosa.

Gómez planteó que en los acercamientos con la Conago se pueda acordar el establecimiento de mesas de trabajo específicas en la que también participen la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, a fin de avanzar en la revisión de los marcos normativos vigentes.

En tanto, la presidenta del organismo de magistrados, Tasmín Esquivel Mossa, afirmó que en el proceso de entrada en operación del nuevo SNA es fundamental que las instancias públicas que intervendrán en ese sistema generen las condiciones necesarias para que los servidores públicos de las distintas instituciones se conduzcan con legalidad y transparencia.

Una vez que se aprobaron todas las reformas constitucionales y legales que permitieron iniciar la fase operativa de creación del SNA, los estados tienen un plazo de un año, que concluirá a mediados de 2017, para promover a su vez las reformas legales que den vida a los sistemas estatales anticorrupción, lo que permitiría, según el diseño constitucional, que la lucha contra este fenómeno se realice en los tres niveles de gobierno con esquemas similares que la doten de mayor eficacia nacional.