Vecinos, apoyados por intelectuales, acusaron a la administración capitalina de ser el agente inmobilario de los grandes desarrolladores del sector y actuar en complicidad con este cártel en la entrega de permisos irregulares para convertir la ciudad en un “gran mall”.

Frente al número 99 de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, donde la empresa Pelusa pretende construir una plaza comercial de 12 metros de altura y 42 cajones de estacionamiento, la escritora Elena Poniatowska lamentó que las autoridades hagan lo que se les dé la gana.

Comentó que sin consultar ni pedir opinión de nadie otorga permisos en zonas catalogadas, como ésta, con la intención de “hacer un país gringo, un ‘gran Dallas, Texas’. Es hora de poner un alto a esta política y los ‘ricotes’ inviertan en otra cosa y no lastimen el patrimonio de la gente”.

En una manifestación, Guillermo Zamora, del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, acusó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de proteger ese cártel por conducto de los jefes delegacionales de PRD, PRI y PAN, que otorgan permisos que violan el uso de suelo y toda norma.

O no hacen nada, ante la falta de autorizaciones, dictámenes o estudios que avalen la demolición y/o construcción de obra nueva, como en este caso, donde la empresa de Alejandro Cortiso ya adquirió un predio aledaño para levantar su plaza comercial, señaló.

Hasta el momento, añadió, ni la Secretaría de Movilidad, el Sistema de Aguas o la delegación han informado de los permisos que tiene la empresa para realizar esta obra, en una zona donde todos los días hay problemas de tránsito y baja presión de agua.

Roxana Somoza, secretaria del comité vecinal, explicó que el predio cuenta con uso de suelo comercial y habitacional, pero al ser una zona protegida requiere de un permiso especial de los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA), que no tienen, pero ante las denuncias de la gente, la delegación Álvaro Obregón actuó.

Los primeros sellos de suspensión de actividades fueron colocados en octubre pasado, por medidas de seguridad; en diciembre se clausuró por infringir el Reglamento de Construcciones, y el INAH colocó otros, que fueron retirados, comentó.

En la misma situación violatoria al uso de suelo y la norma está la arena de lucha libre Coyoacán, próxima a abrir, con el apadrinamiento del delegado Valentín Maldonado, que será la cantina más grande de la demarcación, agregó Zamora.

Los malabares legales en la delegación Coyoacán permitieron, además, la construcción del helipuerto de la empresa Cadena 3 sin cambio de uso de suelo, sólo con un simple aviso de remodelación y una leve multa, alterando la vida de 5 mil familias que viven en los alrededores, señaló Jorge Almanza.

Mientras, afirmó, un conjunto de predios se ha vuelto objeto de rapiña de las grandes constructoras en el corredor de Miguel Ángel de Quevedo-Copilco-Universidad, donde hay 10 desarrollos en proceso.

Hoy, agregó Armando Bartra, lo más grave es la entrega de la urbe al pulpo inmobiliario para plazas o viviendas, pasando por encima de reglamentos y sin tomar en cuenta el impacto de las construcciones sobre los saturados servicios y la tranquilidad de la gente. El gobierno administra la ciudad como si fuera un negocio, advirtió.