A la pobreza y marginación históricas que ha padecido la población indígena de la sierra Tarahumara, en Chihuahua, se suma el despojo de sus tierras para el impulso de megaproyectos, principalmente turísticos y energéticos, los cuales se pretenden imponer sin la obligada consulta previa, libre e informada, negándoles sistemáticamente a estos pueblos el acceso a la justicia.

A estas acciones se suma también una política de amenazas recurrentes, hostigamientos y criminalización en contra de los defensores y comunidades que luchan por sus derechos, tierras y territorios, y de sus bienes naturales; con frecuencia, esta defensa la pagan con sus vidas.

Durante el último año cuatro líderes de comunidades rarámuris fueron asesinados, el caso más reciente ocurrió el pasado fin de semana en contra de Isidro Baldenegro López, defensor de la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, hecho condenado por la comunidad internacional y Naciones Unidas.

La Red de Organizaciones para la Defensa Integral de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara, que reúne a diversas asociaciones civiles que acompañan en su lucha a estas comunidades, indicó que la falta de reconocimiento jurídico de las tierras ancestrales es una de las principales causas del despojo del que son objeto estos pueblos.

Esa falta de reconocimiento, que actualmente se disputa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es lo que ha provocado que entidades del gobierno federal, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), otorguen permisos de aprovechamiento forestal a personas, empresas o núcleos agrarios extraños. Estos son los casos que enfrentan Choréachi y Coloradas de la Virgen, por citar algunos.

Hay una depredación persistente de sus bosques mediante concesiones de aprovechamiento forestal también a terceros. Además, en los años pasados se han acrecentado los riesgos generados desde las actividades del narcotráfico y la tala clandestina de árboles.

De acuerdo con el más reciente informe de derechos territoriales de estos pueblos, presentado en diciembre pasado, existe una creciente presencia de grupos criminales dedicados a la siembra de amapola y mariguana, que también roban ganado, lo que genera un clima de violencia que ha derivado en un desplazamiento forzado interno de comunidades enteras, con la complicidad de las autoridades y la impunidad.

Otros casos, como el de la comunidad de Mogotabo, demanda el reconocimiento de su territorio ancestral, y con ello la nulidad del Fideicomiso Barrancas del Cobre, que para fines de explotación turística fue creado sin consulta a dicha comunidad ni a las demás circunvecinas; tan sólo en este proyecto están en litigio más de mil 500 hectáreas.

El informe de 63 páginas, donde se recopila una serie de injusticias que enfrentan los pueblos rarámuri, pima, odami y warijó, entre ellos, los despojos más evidentes como la extracción de bienes naturales como madera, plantas silvestres medicinales y comestibles, así como de tierras, autonomía y sus formas tradicionales de gobierno.