El fracaso de esquemas privatizadores del servicio de agua potable en el país –como sucede en el estado de Puebla– no representa obstáculo para la intentona de retomar la reforma a la Ley General de Aguas, que busca abrir la puerta a la iniciativa privada para la extracción, distribución y cobro por uso del líquido.

En la Cámara de Diputados se encuentra congelada una iniciativa –rechazada por la oposición en 2015 ante la ola de protestas a escala nacional– que dejaría en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la definición de los porcentajes de participación privada en proyectos de infraestructura, distribución, facturación y cobro de agua potable al usuario final.

Ante tal pretensión, como se documentó en 2015, se eliminaría el sentido social de la actual ley en la materia.

Además, la reforma que aguarda a ser dictaminada, cuando alguna fuerza parlamentaria la retome, contiene un tema de relevancia sustantiva que provocaría serios problemas a los estados, municipios y comunidades del país a la hora de administrar los recursos hidráulicos, pues se favorecería a empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, para el uso de agua en la extracción de hidrocarburos con la técnica conocida como fracking. Es decir, el uso indiscriminado de agua para fracturar el subsuelo en busca de crudo.

El artículo 27 de la Constitución apunta que las aguas son propiedad de la nación, por lo que cualquier legislación secundaria en la materia, que pretendiese privatizar, resultaría inconstitucional.

La alerta entre los diputados federales, porque se pretende retomar la controvertida ley, la emitió el diputado de Morena Rodrigo Abdalá, quien acusó que la Conagua se encuentra “en tratos con el Partido Verde Ecologista de México y con Nueva Alianza para revivir la llamada ley Korenfeld (en recuerdo del ex director general de la Conagua que fue destituido del cargo por usar para fines personales y familiares el helicóptero de la comisión. A quien, además, se le atribuye el impulso de la citada propuesta de legislación), a la fecha –continuó el representante popular– no existe un instrumento jurídico para discutir esa iniciativa”.

La propuesta fue presentada en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados y recibió el rechazo unánime de especialistas, centros de investigación académica como la UNAM, la UAM y la UdeG; organizaciones sociales y gobiernos estatales y municipales.

Cuando fue dictaminada en San Lázaro el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD) intentó acelerar el trámite legislativo y omitió las consultas y foros que se habían convocado con anterioridad.

Gaudiano fue premiado por su partido (el PRD), que lo postuló, después de su paso como diputado federal, candidato a la alcaldía de Centro, en Tabasco, donde gobernará hasta 2018.

Mientras el perredista estuvo al frente de la Comisión de Agua y Saneamiento en San Lázaro, se denunció que la Conagua, a cargo entonces de David Korenfeld, elaboró la ley en entredicho y la entregó para que el mismo Gaudiano, en acuerdo con tres diputados más, la presentaran como producto del trabajo de en comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y de Agua Potable y Saneamiento.

Esa maniobra, a pesar de haber sido denunciada, continuó como trámite legislativo y sin mediar mayor debate el texto se aprobó por mayoría, conformada por diputados de PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza en las comisiones unidas que la abordaron.

A pesar de haber sido el artífice de esa iniciativa, Gerardo Gaudiano, quien estuvo a favor de la propuesta desde el princicio, aprovechó que los representantes del grupo parlamentario de Morena abandonaron la reunión de la comisiones unidas denunciando la intentona de privatización; entonces el perredista, hábilmente, y en beneficio de sus intereses, también se retiró. Esa actitud le ganó convertirse en candidato perredista para la alcaldía de Centro, cuya cabecera municipal es Villahermosa.