ientras en Washington los nostálgicos de la guerra fría Oriente-Occidente y los medios se preocupan por la alianza Trump-Putin, una nueva guerra fría contra el sur, con México como primer blanco, surge debajo de sus narices.

Sí, está en marcha. Pese a predicciones de los cándidos en contrario. Trump dobló la apuesta en su conferencia de prensa, declarando que construirá el muro fronterizo de 3 mil 200 kilómetros... y que México lo pagará mediante un impuesto sobre las remesas, un impuesto fronterizo de 35 por ciento o un pago del gobierno mexicano.

El plan de Trump sobre el muro de 3 mil 200 kilómetros que México pagará es el nombre en clave de una guerra fría que también comprende gravar las remesas, abrogar o renegociar el TLCAN para beneficiar a ciertos fabricantes estadunidenses, poner un arancel de 35 por ciento a las empresas asentadas en México que exporten al mercado estadunidense, cancelar la orden ejecutiva de Obama conocida como DACA (siglas en inglés de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que concede residencia temporal a 750 mil jóvenes indocumentados, en su mayoría mexicanos, y por último, pero de igual importancia, deportar a 3 millones de inmigrantes indocumentados (de nuevo, la mayoría mexicanos) que tienen algún antecedente criminal, por nominal que sea.

Por ahora, el presidente electo y el Congreso, de mayoría republicana, tienen todas las cartas. ¿Cuál será, entonces, el impacto de cada acto de la guerra fría de Trump contra México y los mexicanos si se ponen en práctica?

• Completar el muro de 3 mil 200 kilómetros (varios cientos de kilómetros ya existen) costaría a los contribuyentes estadunidenses entre 10 mil y 40 mil millones de dólares; causaría daño significativo a frágiles recursos ambientales e hídricos regionales; lesionaría el comercio y la migración legales a través de la frontera; deprimiría la economía de la frontera binacional, que tiene 20 millones de residentes, y daría fuerte impulso al mercado negro del tráfico humano.

• Gravar las remesas de los inmigrantes a sus empobrecidas familias en México durante los próximos cuatro años, a razón de 10 a 40 mil millones de dólares, llevaría a la quiebra a docenas de compañías que se especializan en envíos de dinero. Asestaría un golpe mortal a la ya tambaleante economía mexicana, al reducir drásticamente el consumo en los sectores rurales más pobres. Aceleraría el existente mercado negro de mulas de dinero, típicamente controlado por los cárteles de la droga. Cientos de miles de familias mexicanas se verían presionadas a emigrar a Estados Unidos porque no habría dólares de remesas que estabilicen sus pueblos de origen.

• Abrogar o renegociar el TLCAN y/o aplicar un arancel de 35 por ciento a las compañías estadunidenses en México que exportan al mercado de su país haría caer en depresión la economía mexicana, que representa 1.3 billones de dólares. Veinte años del TLCAN han intensificado la integración mexicana a la economía del vecino del norte. El tratado ya era muy amigable con las trasnacionales estadunidenses, así que inclinar aún más los términos del acuerdo comercial dañará a empresas y empleos mexicanos. La reciente cancelación de una planta de Ford en México por mil 600 millones de dólares, por presiones de Trump, ha causado pánico en el gobierno y en el sector privado mexicanos. Irónicamente, la recesion en México incentivará una nueva ola de migración indocumentada a Estados Unidos, y suscitará significativa perturbación social, tal vez incluso una revolución.

• Cancelar la orden ejecutiva DACA de Obama y/o deportar a 3 millones de inmigrantes provocará una crisis económica para miles de negocios que dependen del trabajo y el consumo de los inmigrantes, y para los gobiernos locales y estatales a los que éstos pagan impuestos en al menos siete estados (California, Texas, Florida, Arizona, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey), donde se concentran 70 por ciento de los indocumentados. También hundirá a México en la depresión, pues no puede absorber a esos trabajadores (por eso emigraron), y además depende de sus remesas, de las cuales al menos 25 por ciento cesarán debido a las deportaciones. Un resultado final será más presión sobre los mexicanos para emigrar hacia el norte.

No hace falta decir que la crisis familiar y humana creada por la separación de familias y la destrucción de comunidades colocará al próximo gobierno entre los mayores violadores de derechos humanos en el siglo XXI.

Por fortuna, un número cada vez mayor de comunidades y estados responde con iniciativas y acciones de masas en favor de los inmigrantes.

De manera notable, el gobernador de California, Jerry Brown; el presidente pro témpore del Senado de ese estado, Kevin de Leon, y el presidente de la Asamblea del mismo, Anthony Rendon, lanzaron la primera salva de resistencia con declaraciones, resoluciones e innovadoras iniciativas que crean un fondo de defensa legal para inmigrantes y prohíben a los gobiernos estatal y locales cooperar con el hielo, acrónimo en español del ICE, el servicio federal de migración.

En 50 ciudades de todo el territorio estadunidense se prevén protestas en torno a la toma de posesión de Trump, hoy 20 de enero.

En tanto el próximo gobierno no ponga fin a su guerra fría contra México y los mexicanos, corresponde a líderes y defensores en ambos lados de la frontera continuar uniendo fuerzas. Sólo una resistencia decidida y prolongada a todos los niveles neutralizará la guerra fría de Trump. Como era de esperarse, líderes tipo Vichy de mexicanos a ambos lados de la frontera se alínean para implorar piedad. Se engañan. Es tiempo de que todos nos demos cuenta de a qué nos enfrentamos y nos preparemos para luchar.

* Antonio Gonzalez es presidente del Instituto William C. Velasquez, organización nacional de políticas públicas enfocada a los latinos, con oficinas en Los Ángeles y San Antonio.

Traducción: Jorge Anaya