Brasilia.

El gobierno de Brasil anunció este martes que movilizará a las fuerzas armadas para intentar frenar la ola de violencia que ha dejado más de 120 muertos en estos primeros días del año en las cárceles del país.

La medida fue autorizada por el presidente Michel Temer en el contexto de varias reuniones convocadas en Brasilia para afrontar la crisis en los penales. En Natal, noreste del país, decenas de presos se volvieron a amotinar este martes en la misma cárcel donde hubo una pelea entre bandas rivales con 26 muertos el fin de semana.

El vocero gubernamental Alexandre Parola anunció el envío de los militares a los estados afectados por la crisis como una acción extraordinaria. Las tropas deben asumir acciones de cooperación específicas, señaló Parola. Habrá inspecciones rutinarias dentro de los presidios con vista a detectar y decomisar materiales prohibidos en esas instalaciones.

Alexandre de Moraes, ministro de Justicia, recibió en Brasilia a los secretarios de Seguridad de todos los estados para buscar salidas a la situación.

Las medidas anunciadas prevén, entre otras cosas, el desembolso inmediato de 91.7 millones de dólares para que los estados puedan reforzar la seguridad en las cárceles y comprar, por ejemplo, equipos para bloquear la señal de telefonía celular.

Temer también celebró reuniones con los jefes de los servicios de inteligencia para estudiar el problema.

El país sudamericano es sacudido por una escalada de violencia sin precedente en las cárceles desde que comenzó el año. En dos semanas han muerto más de 120 presos en violentas reyertas, aparentemente vinculadas con disputas entre grupos criminales por el control externo de las rutas del narcotráfico en el país.

La última matanza ocurrió el sábado en la cárcel de Alcacuz, en Natal, capital del estado de Río Grande del Norte. Este martes hubo otro motín, aparentemente porque los presos de la banda Sindicato del crimen intentaron invadir el pabellón en el que están separados los integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC).

La televisión mostró imágenes de reclusos semidesnudos encaramados en el tejado de la prisión con banderas de sus grupos y armados con palos.

Robinson Faria, gobernador de Río Grande del Norte, atribuyó la matanza del sábado a una venganza del PCC por la primera reyerta carcelaria de este año, que dejó 56 muertos en un penal de Manaos, en la Amazonía brasileña.

Nunca habíamos tenido un enfrentamiento dentro de los presidios entre estas dos grandes bandas de delincuentes, dijo Faria. Esa pelea no es de Río Grande del Norte, es una represalia por lo que sucedió en (el estado de) Amazonas, es una venganza, sostuvo el gobernador durante una visita a Brasilia.

La matanza de Año Nuevo es atribuida a un ataque de la Familia del Norte (FDN), banda que controla el narcotráfico en la región amazónica, contra el PCC, originario de Sao Paulo. Los investigadores creen que el FDN forma parte de una alianza de varios grupos regionales que quieren disputar la hegemonía a la poderosa banda paulista.

Las matanzas en las prisiones, saldadas con víctimas decapitadas y mutiladas, fueron coordinadas a través de teléfonos celulares. Los presos contaban además con armas.

Brasil tiene la cuarta población carcelaria del mundo y serios problemas de hacinamiento en sus prisiones, que albergan a más de 622 mil presos en instalaciones con capacidad para unas 371 mil personas.

En medio de la crisis, los agentes penitenciarios de Río de Janeiro iniciaron una huelga de una semana para exigir el pago de salarios atrasados.