No queremos dinero, queremos justicia, le dijo el profesor José Rubio Villegas al militar que le ofreció 160 mil pesos como compensación funeraria por la ejecución extrajudicial de su hermano Bonfilio a manos del Ejército Mexicano en 2009, crimen que sigue impune y fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 2 de enero los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y José María Morelos y Pavón, así como el Centro para la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy presentaron este caso contra el Estado mexicano, por la ejecución extrajudicial cometida por elementos del Ejército el 20 de junio de 2009.

El jornalero Bonfilio Rubio Villegas, de 29 años, indígena nahua de la comunidad de Tlatzala de Tlapa de Comonfort, Guerrero, se dirigía en autobús a la Ciudad de México, cuando un retén militar del 93 Batallón de Infantería detuvo el vehículo para inspeccionarlo en la comunidad de Huamuxtitlán.

Los soldados bajaron a todos los pasajeros, revisaron el camión y no encontraron nada. Luego les permitieron subir uno por uno y vieron a un pasajero con botas tipo militar y le dijeron que no podía subir. En ese momento el chofer les pidió que le firmaran un documento para demostrar que el pasajero se había quedado a manos del Ejército, cuenta José Rubio Villegas en entrevista con La Jornada.

La discusión entre el chofer del autobús y los militares terminó finalmente con la firma del papel: Pero cuando el camión empezó a avanzar, sorpresivamente los militares dispararon contra él sabiendo que iba repleto de pasajeros. Mi hermano iba sentado en la parte trasera y un balazo le alcanzó el cuello. Murió en el acto, dice.

Tiraron a matar. No había disparos en las llantas. No tenían por qué disparar. Sabiendo que el autobús es un servicio público, que ya lo habían revisado, dispararon. Luego el Ejército resguardó el autobús, bajaron a los pasajeros e hicieron una segunda inspección y supuestamente encontraron paquetes de mariguana, que seguramente sembraron para justificar la ejecución.

Sin acceso a la justicia

En sus últimos años, Bonfilio Rubio Villegas trabajó de lavaplatos en un restaurante de Nueva York y tenía la intención de regresar a Estados Unidos a finales de junio de 2009. Lamentablemente ya no se cumplió su anhelo de regresar y se quedó en el camino, dice su hermano.

Era sostén económico de sus padres, Secundino Rubio Peralta, de 78 años, y Margarita del Carmen Villegas Muñoz, de 75 años, quienes siguen esperando justicia.

“Recogimos el cuerpo de mi hermano y cuando estábamos velándolo en la casa, con el dolor de haberlo perdido de esa forma, llamaron por teléfono y era de parte del Ejército. ¿Cómo supieron el número? Me dijeron que si podíamos recibir una colecta que habían hecho para gastos funerarios. Lo rechazamos. Le dije: ‘De dinero no queremos nada, déjennos con nuestro dolor. No queremos dinero, queremos justicia’. Insistieron dos o tres veces y ya no contestamos. Mi hermano no es un animal ni un objeto para ser vendido”.

Durante más de siete años la familia de Bonfilio emprendió una lucha por acceder a la justicia, desde el marco militar hasta el fuero civil, sin conseguirlo: El gobierno fue oscureciendo la verdad. Al último fue detenido un soldado. Ellos decían que lo tenían en la cárcel militar, pero no nos consta. Después de unos meses nos informaron que fue absuelto.

Inicialmente la procuraduría de justicia de Guerrero abrió una averiguación previa, pero luego declinaron en favor del llamado fuero castrense, por lo que decidieron ampararse con la asesoría de Tlachinollan. El juzgado sexto de distrito de Cholula, Puebla, les dio la razón.

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2012 interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la restricción del fuero militar, argumentando que la ejecución extrajudicial de Bonfilio no constituye una violación a los derechos humanos y por tanto no aceptaba la orden del juez de Puebla para remitir el expediente al fuero civil.

El abogado de Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar, señala en entrevista que mientras estuvo en el fuero militar no se les permitió acceso al expediente: Las primeras diligencias que se realizaron fueron del Ministerio Público del fuero militar. Las investigaciones fueron deficientes. Ellos son juez y parte. Por más que haya elementos claros, no hay imparcialidad.

Nuevo escenario

El abogado defensor de derechos humanos que apoya a la familia señala que existen todos los elementos que demuestran que se trató de una ejecución extrajudicial: No cabe duda de que fueron militares quienes dispararon. Fueron cuatro elementos del Ejército. Y sólo a uno se le procesó con la reclasificación del delito a homicidio simple, por lo cual nunca estuvo preso y obtuvo el beneficio de llevar el juicio en libertad bajo caución.

Valentín Alejo Hilario fue el único efectivo procesado, y fue absuelto el 16 de diciembre de 2014. Desgraciadamente aquí en México se agotaron todos los recursos legales para exigir justicia y que haya castigo para los responsables de esta ejecución extrajudicial. Tenemos mucha confianza ante las instancias internacionales.

Para que la CIDH analice el caso debe estar dentro del plazo de seis meses a partir de la última resolución judicial que se haya agotado. La última corresponde al 6 de julio de 2016: En México no hay sentencias firmes en contra de elementos del Ejército. Las víctimas no pueden tener acceso a la justicia, por más que se agoten todos los recursos. Los militares responsables quedan impunes. Los jueces civiles les tienen miedo a las autoridades y a los militares.

José Rubio Villegas coincide: “Los jueces civiles nada más obedecen órdenes del gobierno federal. A los jueces mexicanos les dan un dinero y aunque el militar haya matado, lo declaran inocente. La corrupción todo compra.

Si eres mexicano e indígena no tienes valor. Si alguien mata a un militar, bajo tierra lo encuentran y lo sentencian. Pero si un militar mata a un civil, es inocente y se le protege. Así quiere Enrique Peña Nieto que su Ejército esté limpio supuestamente. Pero en Guerrero hay desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, detenciones arbitrarias y no quieren que digamos eso. Donde vemos al Ejército nos espantamos, le tenemos miedo, en lugar de que el Ejército sea para sentirnos seguros. Al contrario, sentimos pavor.

El profesor José Rubio dice que seguirá buscando justicia para su hermano y para que no vuelvan a ocurrir estos crímenes: Tengo miedo de que me secuestren o me maten por denunciar al Ejército, pero voy a levantar la voz. Si Dios nos presta vida, a ver hasta dónde llegamos. Mientras se pueda vamos a seguir exigiendo justicia para que el crimen de mi hermano no quede impune.