Buenos Aires. La fiscal federal Paloma Ochoa acusó al presidente de Argentina, Mauricio Macri; a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y a otros funcionarios del gobierno por la firma de un convenio entre Argentina y Qatar que prevé la utilización de fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansses) y la transferencia de recursos mediante una sociedad offshore, entre otras particularidades.

La denuncia fue presentada hace un mes por el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez, y la fiscal le dio curso. Deberá investigarse a los funcionarios públicos que debiendo velar por el cumplimiento de las leyes nacionales y el resguardo del patrimonio público hayan convenido expresamente en un instrumento internacional transferir, a través de una plataforma offshore, recursos públicos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) hacia un paraíso fiscal, dictaminó Ochoa.

Asimismo pidió como medida cautelar que se impida o interrumpa la ejecución del memorando de entendimiento suscrito entre el FGS y el fondo de Inversión Qatar Investment Authority (QIA). También que la justicia demande que el Ministerio de Relaciones Exteriores envíe todos los antecedentes vinculados con las negociaciones entre ambos gobiernos.

Otro pedido de Ochoa es que se solicite a las cámaras de Diputados y de Senadores informar si fueron anoticiados o ingresó en ese parlamento algún proyecto de ley vinculado con la aprobación de un memorando de entendimiento celebrado con el Estado de Qatar.

Firmado en noviembre pasado por Macri y el emir Tamin Bin Hamad al Thani, fue utilizado por el gobierno para anunciar una gran inversión de Qatar, pero las investigaciones de algunos diputados demostraron que existían irregularidades graves para la soberanía nacional, entre otros temas, en ese acuerdo.

De la misma manera se violentan principios constitucionales, ya que no se puede tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Ansses, que en realidad es lo que asegura las pensiones de los jubilados.

De hecho ya se han utilizado en favor de monopolios periodísticos al vender algunas acciones, lo que es parte de lo que llaman corrupción gubernamental los legisladores que han investigado y denuncian esos hechos.

El propio diario Perfil, que no es particularmente opositor al gobierno de Mauricio Macri, informó que el acuerdo incluye la creación de un fondo de inversiones por mil millones de dólares que se gestionará por medio de una estructura offshore administrada por un gerente independiente, es decir, de un tercer país.

También en este tema está involucrado el ex tenista Gastón Gaudio, amigo de Macri y vinculado al régimen qatarí, pues estaba informado de toda la negociación, que comenzó a finales de julio como una acción secreta y reservada.

Fernando Miguez, con todos los datos investigados, presentó la denuncia en el juzgado de Daniel Rafecas y la fiscal Ochoa, quien resolvió impulsar la causa.

Además del presidente y la vicepresidenta están imputados la canciller Susana Malcorra, el ex vicecanciller Carlos Foradori, el titular de Anses Emilio Basavilbaso, el secretario de Coordinación Mario Quintana, el presidente de YPF Miguel Ángel Gutiérrez y la embajadora argentina en Qatar Rossana Cecilia Subralle, entre otros.

Podrían constituir los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas, defraudaciones, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en perjuicio del erario público que las supuestas maniobras descritas han irrogado, señala el texto.

Paralelamente, el gran escándalo del momento es que el gobierno no haya instrumentado medida alguna ante la acusación de un negociador de la empresa Odebrecht de Brasil de que el actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, recibió 600 millones por sobornos.

A pesar de las dos denuncias judiciales presentadas en este caso no se ha adoptado ninguna medida. Ello está provocando una crisis en el gobierno, ya que diputados del oficialismo, varios de ellos de la Unión Cívica Radical (UCR) que integra la Alianza Cambiemos, reclaman que Arribas sea citado para dar explicaciones. Otros sugieren que Macri debe separarlo de su cargo, hasta que se aclare la situación.

El diputado oficialista Héctor Gutiérrez, de la comisión bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia, pidió que se apresure la citación de Arribas no mucho más allá de la semana que viene.

El pasado miércoles la diputada del Frente para la Victoria, Teresa García, pidió la convocatoria urgente de la bicameral.

Liberan a detenidos mapuches

Ante la presencia de organismos de derechos humanos que se desplazaron a la provincia de Chubut, donde una comunidad mapuche fue violentamente reprimida por la gendarmería y policías provinciales, esta tarde fueron liberados tres detenidos, aunque varios heridos por balas de plomo y goma siguen bajo atención médica.

También se supo que se prepara un informe de esos organismos sobre todos los hechos sucedidos en tiempos recientes, que han afectado a integrantes de pueblos originarios, dirigentes sociales de esos movimientos, campesinos y vendedores ambulantes.