l año que recién comienza se perfila crucial para el futuro político del presidente Vladimir Putin, por lo que en el transcurso de los meses siguientes deberá anunciar si se propone despachar como titular del Kremlin un nuevo periodo de seis años, a partir de 2018.

Descartado que opte por retirarse y traspasar el poder a un sucesor –consciente de que se vendría abajo el endeble andamiaje de lealtades en torno al líder, con efectos impredecibles para él y su entorno más cercano–, muchos observadores dan por hecho que buscará la relección el año próximo.

En realidad no hay que descartar al menos dos opciones más, que dependen de factores ajenos a la voluntad de Putin y que pueden alterar la versión oficial de respetar las fechas de los comicios presidenciales.

Hasta ahora –con los ahorros de la bonanza petrolera y el cambio de gobernante en Washington– Putin ha podido paliar la tempestad. Sin embargo, se antoja poco probable que acepte someter su continuidad como líder al veredicto de las urnas, de agotarse el dinero acumulado (en 2016 el Fondo de Reservas se redujo 73 por ciento y después de este año ya no habrá qué guardar) y de frustrarse la mejoría que el Kremlin espera con Donald Trump en la Casa Blanca (cada vez más maniatado respecto de Rusia con revelaciones comprometedoras en los medios, sean ciertas o falsas).

Dicho de otra manera, en caso de que no siga mejorando el panorama de los precios internacionales del petróleo y de que Estados Unidos mantenga las sanciones contra Rusia, Putin no tendrá más remedio que hacer lo que ha desmentido varias veces: adelantar las elecciones. Sólo así podría evitar una coyuntura más desfavorable que se podría traducir en un aumento del malestar de los electores, imposible ya de neutralizar con la tradicional manipulación de resultados en algunas regiones, entre otros recursos que han permitido al partido oficialista obtener una victoria aplastante en las parlamentarias recientes.

El tercer escenario es menos riesgoso, pero más propio de un escándalo al no requerir la legitimidad de las urnas y convertir a Putin prácticamente en gobernante vitalicio, con métodos similares a los empleados por varios colegas suyos en países de la antigua Unión Soviética, mediante enmiendas a las respectivas constituciones o referendos amañados.

Para hacer realidad ese peculiar as en la manga la Duma cuenta con muchos más diputados que la necesaria mayoría calificada de dos tercios, con lo cual podría modificar la Carta Magna y crear un cargo confeccionado a la medida de Putin, por ejemplo el de presidente del Consejo de Estado, que se dotaría de las más altas funciones y prerrogativas.

Todo esto que pudiera parecer un inútil ejercicio de política-ficción forma parte de las prioridades de análisis por parte de la renovada Oficina de la Presidencia que, según se puede saber, realiza un seguimiento permanente de costos y beneficios de las tres posibilidades, aunque sólo Vladimir Putin será quien tome la gran decisión.