asta el destape –ajeno– de Luis Vi­degaray y unas semanas antes de la pro­testa social en todo el país, el tema recurrente a la vista del año prelectoral, que ya corre, era el del perfil, idoneidad, condición partidaria o ausencia de ella, de las figuras insertas o por insertarse en el eje de la aspiración presidencial.

Después de la protesta por las medidas lesivas del gobierno federal, y las que han tomado los gobiernos locales (la nueva medicina amarga pero necesaria, que además será pagada no por el agresor, sino por su víctima), el tema de la aspirantía se pudrió en la rama. En adelante, cualquier indicio que mantenga el tufo de esa temática, así sea una aparente sutileza salinista como la que propone en las redes sociales a Carlos Slim para presidente, caerá en el vacío o será objeto de rechazo.

Aun el gobernador de Nuevo León, que ya querría estar en campaña –propia o de un candidato anfitrión–, dio reversa a sus actitudes preciudadanas y, por lo menos en parte, a ciertas medidas recaudatorias como el pago de la tenencia de automóviles. Fue precisamente su impacto, agregado a la carestía provocada por el alza en el precio de los combustibles y la cascada en el de todos los bienes y servicios, lo que precipitó las manifestaciones y el acentuado tono de la crítica, los denuestos y la demanda de que dejen sus cargos el mismo Jaime Rodríguez Calderón y Enrique Peña Nieto. No quedaron indemnes los legisladores a quienes aquí y allá la ciudadanía llamó traidores. Casi una versión en suelo mexicano del argentino ¡Váyanse todos!

El Ejecutivo de Nuevo León decidió bajar los sueldos de los funcionarios de primer nivel para paliar la crisis. Lo mismo hicieron los diputados. De cualquier manera, las víctimas de los aumentos no verán reflejados directamente en su economía esos recursos ahorrados y el malestar podrá atenuarse pero no ­desvanecerse.

La ciudadanía ha mostrado, en estas jornadas, mayor lucidez y un talante más patriota que sus representantes o quienes aspiran a representarlos. Unos y otros tendrán que abandonar sus bomberazos, ocurrencias foxistas, su visión política a base de saliva y mercadotecnia, sus salidas fáciles e irresponsables como culpar a los organizadores de la protesta o preguntar a la sociedad mexicana qué haría en vez de tomar decisiones agresivas contra ella. Y desde luego, entrar de lleno al terreno de las definiciones en torno a los grandes problemas nacionales.

Las organizaciones empresariales de Nuevo León se manifestaron en un desplegado contra los actos vandálicos de los neohalcones, diferentes de los de la protesta ciudadana. Y demandaron atacar las causas raíz de nuestra frustración ciudadana mediante un sistema estatal anticorrupción que acabe con los privilegios y protecciones a corruptos y castigos corporales y económicos a los saqueadores, entre otras providencias.

Las causas observadas por los empresarios no son sino efectos de las verdaderas y más hondas entrega de las riquezas del país a las élites de dentro (the mighty mexicans) y de fuera (los dueños de bancos y demás trasnacionales) se tornaron en la gran atracción periodística del exterior durante el auge petrolero del lopezportillismo. Su piedra angular fue el pacto llamado Alianza para la Producción, uno de los varios que han signado los sectores privado y público del Estado de la burguesía mexicana: siempre, por cierto, ruinosos para la mayoría. Siguió la venta de empresas productivas de propiedad nacional, pues no era justo tener un Estado rico habiendo tanta pobreza, según la coartada de Salinas. Así, Telmex dio lugar al hombre más rico del mundo rodeado de más pobres que antes. Lo más reciente: las llamadas reformas estructurales para que, entre otras tragedias, Pemex siga el camino de Telmex.

No hay causas más comprobables que esas del ensanchamiento de la desigualdad entre los mexicanos y del encono de los más desprovistos. Los principales privilegiados y protegidos de esta política han sido los empresarios. A Durazo y a Díaz Serrano los convirtieron en los chivos expiatorios de la renovación moral. Luego serían otros políticos y líderes los castigados por corruptos. ¿No participaron en sus actos de corrupción los empresarios?

La mañana del día en que escribo estas líneas acudí a un banco ubicado en un centro comercial. Percibo la presencia de un destacamento de soldados. En el área de cajeros se halla un soldado (PM, se lee en su casco) con un arma larga al pecho. Parece vigilar los movimientos de los usuarios.

El estado de derecho actúa de facto. Si ya se asume que los militares saldrán de sus cuarteles para actuar como policías privados, ¿por qué no anticiparse a esa formalidad?

Estamos ante una grave fractura de la soberanía, la representación política y la democracia. No debe sorprendernos entonces que a la inhibición producida por los neohalcones en las protestas pacíficas y el rumor que induce el miedo a la calle en las redes sociales se sume ahora la presencia de las fuerzas armadas donde a su comandante en jefe, el Presidente de la República, le parezca más conveniente.

El mensaje es claro: no se muevan, no critiquen, no protesten, no salgan mientras nosotros nos encargamos de vender completo al país y hacer que ustedes subsidien lo que nos vayan a pagar por él.