Un nuevo caso de ejecución extrajudicial perpetrado por militares en Guerrero llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua de 29 años, murió en un ataque de elementos del Ejército a un autobús con civiles en un retén militar en la carretera en Tlapa de Comonfort.

Hace unos meses, con la confirmación de la sentencia absolutoria del único militar procesado por los hechos, y la imposibilidad de tener justicia en México, los familiares de la víctima y representantes de los centros de Derechos Humanos Tlachinollan, José María Morelos y Pavón, Miguel Agustín Pro Juárez y para la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy decidieron presentar el caso ante la CIDH, lo que hicieron el 2 de enero en Washington.

En conferencia de prensa, familiares de la víctima y representantes de dichas organizaciones denunciaron que Guerrero se sigue caracterizando por sus altos índices de violencia y militarización, sobre todo después del lanzamiento de la llamada guerra contra el narcotráfico.

De acuerdo con información del caso, tras la revisión ilegal en el retén, y cuando el chofer del autobús reinició su marcha sin haber sido plenamente autorizado por los integrantes del Ejército que estaban en el lugar, éstos abrieron fuego indiscriminadamente, de manera innecesaria y desproporcional. Dos proyectiles atravesaron la parte posterior del autobús, a la altura del medallón, e impactaron en cuello y cráneo de Bonfilio Rubio, causándole la muerte.

Según la acusación, los militares tomaron control de la escena del crimen y eso facilitó que manipularan la evidencia, llegando incluso al extremo de que sembraron enervantes para tratar de inculpar al chofer del autobús y justificar lo ocurrido.

La intervención inicial del Ejército en las primeras diligencias propició la impunidad posterior del caso. Las primeras indagatorias recayeron en el Ministerio Público Militar, y la familia Rubio Villegas tuvo que emprender una larga lucha que los llevó incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sacar del fuero militar el expediente, lo cual se logró en 2012.

Sin embargo, no fue posible remontar las enormes deficiencias que ya tenía el expediente por la actuación imparcial y tendenciosa de los órganos del fuero militar, y el juzgado de distrito del orden civil emitió una sentencia que exoneró al único integrante de las fuerzas armadas que fue procesado por los hechos, con lo cual se confirmó la impunidad, señaló Santiago Aguirre, del Centro Pro de Derechos Humanos.