En 2016 se agudizó la crisis de derechos humanos y el Estado mexicano confirmó su endeble compromiso en esta materia; además, entre enero y agosto pasados 47 activistas fueron asesinados, cifra que se suma a 11 periodistas ultimados el año concluido.

En un recuento, organizaciones civiles y de derechos humanos advirtieron que 2016 no fue diferente al menos a los 10 años que le precedieron, con elevados niveles de violencia, delitos y graves violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad pública y militares.

Además, denunciaron que desde el Estado se realizaron acciones orientadas a hostigar y agredir a las personas que de manera individual o colectiva trabajan por sus derechos humanos.

Asimismo, destacaron que la política de criminalización seguida por el Estado se ha vinculado muy claramente con el proceso de despojo que viven múltiples comunidades en torno a los megaproyectos, los cuales violan derechos de los habitantes. A escala nacional hubo ocho asesinatos de defensores de tierra, territorio y bienes naturales.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) indicó que la situación vivida durante 2016 no dista mucho de la registrada durante la última década en México, marcada por la guerra contra el narcotráfico, y en el que el país registra niveles de violencia y delitos alarmantes, así como un incremento dramático en las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Las cifras de homicidios están al alza y el gobierno ha sido incapaz o no ha querido reducir la impunidad que prevalece para las violaciones a los derechos humanos, permitiendo que los abusos continúen de forma descontrolada, señala en su análisis Recuento 2016: enfrentando la situación de los derechos humanos y la seguridad en México.