La vigilancia del gobierno a la ciudadanía está fuera de control, según un estudio de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que afirma que más de 90 por ciento de las intervenciones a comunicaciones no las autorizó el Poder Judicial de la Federación (PJF). “Y en una protesta social, como la del gasolinazo, es preocupante, porque existe la tentación de impedirla” usando el espionaje, afirmó en entrevista Luis Fernando García Muñoz, director de R3D.

El acecho no se limita a los delincuentes, abarca a defensores de derechos, periodistas o ciudadanos comunes, afirmó García Muñoz. Cuando hay movimientos sociales, los riesgos de ser observados son más altos, insistió.

Mediante solicitudes de información, la R3D preguntó al PJF cuántas peticiones para vigilar recibió de 2013 a 2015.

A instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) les interrogaron cuántos permisos obtuvieron del Poder Judicial. Lo que se obtuvo fue una gran discrepancia, apuntó García.

En el informe El estado de vigilancia: fuera de control, la organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital documenta 3 mil 182 solicitudes para la intervención de comunicaciones privadas (ICP). Al menos de manera oficial, esas se reportaron.

El Cisen aceptó haber tramitado 2 mil dos solicitudes. Sin embargo, el PJF sólo reconoce 654 de esa institución. Y en el caso de la PGR es lo contrario, reporta mucho menos de las que, según el Poder Judicial, realmente pidió, indicó Luis Fernando García.

Además de intervenir el contenido de las comunicaciones, han tenido acceso a los llamados metadatos, de acuerdo con el documento. Esa información incluye el origen y destino de los mensajes, fechas, e incluso la localización histórica, explicó.

Algunas empresas de telecomunicaciones oponen una resistencia relativa a entregar datos de sus clientes, se asevera en el informe. AT&T rechaza 46 por ciento de las solicitudes, pero Telcel nunca se negó, aunque no les presentaran una orden judicial, agregó García.

Para llevar a cabo la intromisión a las comunicaciones, los gobiernos federal o estatal han adquirido costosos equipos que no requieren la colaboración de empresas de telecomunicaciones. Hacking Team, NSO Group y FinFisher han sido algunos de los proveedores.

La vigilancia ha sido vendida como la panacea para combatir el delito, pero sólo 8 por ciento de los espiados son acusados formalmente, reprochó García. Y en entidades como Veracruz es de 0.48 por ciento, abundó.

Los objetivos en realidad son políticos, incluso para facilitar la delincuencia, espiar a periodistas, defensores de derechos o a la sociedad civil, aseveró.