Organizaciones de derechos humanos y civiles de todo el país expresaron su preocupación ante lo que se perfila como una imposición de la ley general de seguridad interior contraria a los derechos humanos y al estado de derecho.

En un pronunciamiento colectivo, criticaron severamente no sólo el formato excluyente y la forma apresurada y opaca con que pretenden aprobar una ley de estas dimensiones y trascendencia, sino también a los conceptos vertidos sobre el tema por las fracciones del PRI, PAN y PRD.

De entrada, las organizaciones civiles y de derechos humanos destacan que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior. Además, el artículo 21 constitucional asienta que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una ley de seguridad interior como la que pretende aprobar el Senado.

Apenas en el inicio del debate, ayer mismo los tres partidos mayoritarios y el representante de la Presidencia de la República coincidieron en que aspiran a que, tras esta discusión, se apruebe la ley que diseñe los supuestos en que las fuerzas armadas podrán actuar en lugares que se consideren objeto de una afectación a la seguridad interior.

Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas, señala el pronunciamiento suscrito por más de 100 organizaciones de todo el país.

Advirtieron que esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en el país respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó impunidad institucional castrense.

Destacan que a nadie escapa que, a 10 años de la guerra contra el narcotráfico, el país es hoy más violento, por lo que la efectividad de la militarización en el ámbito de la seguridad no es, como se dijo en el Senado, evidente.

Entre las organizaciones firmantes están el Centro Pro, el Centro Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Instituto de Justicia Procesal Penal y la Red Todos los Derechos para Todos.