Buenos Aires

Decenas de policías, la infantería con escudos y cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma reprimieron a vendedores ambulantes en el popular barrio Once, en esta capital mientras que 200 gendarmes invadieron las tierras de una comunidad mapuche en Cushamen, provincia sureña de Chubut, donde agredieron brutalmente a mujeres y niños, y detuvieron e hirieron a varios integrantes de la comunidad; además de que hay un joven dsaparecido.

Estas tierras fueron recuperadas por los mapuches en marzo de 2015, ya que estaban ilegalmente en manos de la empresa textil italiana Benetton, que en los años 90 compró a precio vil un millón de hectáreas en las que viven muchas comunidades indígenas.

Entraron a los tiros, golpearon a los hombres, esposaron a las mujeres, rompieron todo. Eran alrededor de 200 gendarmes y dos drones para reprimir a una comunidad de diez adultos y cinco chicos. Nos tratan de indios terroristas que queremos sembrar el pánico y ahora el pánico lo instalan ellos, denunció Soraya Maicoñia al periódico Página 12.

La comunidad Pu Lof que fue reprimida reclama, asimismo que los habitantes de los diez pueblos indígenas instalados a lo largo de los 500 kilómetros que separan a la comunidad de la ciudad de Esquel puedan usar los servicios de un tren cuyas vía pasan por varias comunidades. Se ha prohibido a los mapuches y otras comunidades usar el tren lo que los deja totalmente aislados y vulnera sus derechos y la constitución nacional.

La Gendarmería bloqueó los tres accesos a la comunidad por las rutas 258, 40 y un camino alternativo que conecta con Esquel. Una acción de amparo logró frenar el desalojo, ordenado por el juez federal Guido Otranto.

Organizaciones de pueblos originarios y de derechos humanos como Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) rechazaron recientemente un documento del Ministerio de Seguridad porque interpretó los reclamos justos como amenazas para la seguridad social. El documento firmado por la polémica ministra Patricia Bullrich acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas.

También de usurpación de territorios (en realidad de sus propias tierras) de incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza, dice el informe de las fuerzas de seguridad.

La lucha indígena no es delito señala el documento de los organismos humanitarios, que denunciaron una persecución en favor de empresas extranjeras contra las comunidades, y algunos se proponen recurrir a organismos internacionales, ante la insensibilidad del gobierno del presidente Mauricio Macri, que se ha expresado en contra de los bloqueos de carreteras y demanda una mayor acción policial.

En tanto, en el caso de los vendedores ambulantes, la policía llegó en la madrugada de este día levantó dos mil puestos y se llevó-como lo hacen siempre- la mercancía lo que es considerado un robo por los afectados. Miles de desocupados trabajan en la venta ambulante y el gobierno capitalino les ha prometido desde hace tiempo reubicarlos en un lugar apropiado.

El hecho produjo una reacción de los afectados por esta medida, entre las que había una mayoría de mujeres, algunas embarazadas y hasta una persona discapacitada que fue arrojada de su silla de rueda por la policía. El conflicto perduró todo el día con un saldo de numerosos heridos y detenidos.

Por la tarde llegó al lugar Hebe de Bonafini presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, para apoyar a las personas reprimidas y luego fue a la comisaría donde estaban los detenidos, porque sabemos como los maltratan y cómo usan la tortura, señaló.

Denunció además el robo de la mercancía y afirmó que eso es un delito grave. La situación de los ambulantes es calificada como desesperante porque no tienen posibilidad de encontrar trabajo.