La discusión de la reforma que dará el marco jurídico a las fuerzas armadas para participar en tareas de combate al crimen organizado se iniciará el próximo martes en el Congreso. La intención original del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de aprobar ese ordenamiento en un periodo extraordinario está prácticamente desechada, ya que la mayoría de las fuerzas políticas están centradas en la discusión de echar abajo el llamado gasolinazo.

El debate se llevará al periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero, comentó el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa. Explicó que no hay condiciones para aprobar un dictamen sobre la ley de seguridad interior en este enero, en que el tema del fuerte incremento a la gasolina y las protestas que han surgido en todo el país, domina el ambiente político.

El perredista resaltó que se trata de una legislación delicada, que dará al Ejército facultades legales para llevar a cabo tareas policiacas y el Congreso debe ser muy cuidadoso de establecer las medidas necesarias, a fin de que no se avance a la militarización del país y queden a salvo los derechos humanos de los ciudadanos.

La Cámara de origen, dijo, es la de Diputados, pero el Senado debe trabajar a la par y llevar a cabo foros de análisis y discusión, en que participen expertos, académicos y organizaciones de la sociedad. Es una ley –subrayó– que debe salir con el consenso de la ciudadanía.

El senador Barbosa expuso que la Camara de Diputados debe aprobar también la minuta que el Senado le remitió el año pasado sobre el mando único policiaco, ya que no puede avalarse una legislación que da facultades al Ejército para combatir a la delincuencia organizada y tomar en sus manos las tareas de seguridad, sin la reforma que permite la modernización de las corporaciones policiacas.

El perredista Alejandro Ojeda, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, consideró que comenzar el debate de la participación del Ejército en materia de seguridad pública, sería muy delicado, “pues podría abrirse la puerta a la represión militar en contra de las manifestaciones de descontento no sólo por el gasolinazo, sino por la política económica en general implementada por el gobierno federal”.

Demandó al PRI no sólo revisar con seriedad la posibilidad de emprender un periodo extraordinario para dar marcha atrás a los gasolinazos, sino frenar sus ímpetus de aprobar una Ley de Seguridad Interior, cuyo fin pareciera, no es sólo regular la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública, sino la de firmarle un cheque en blanco para ejercer la represión.